PONTEVEDRA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha interpuesto una demanda judicial contra el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y los directivos de la entidad Alfonso Zulueta de Haz, Guillermo Alonso Jáudenes y Ramón Álvarez Novoa por considerar que "vulneran la normativa en materia de duración de sus mandatos".
El secretario general de la Federación de Servicios UGT-Galicia, Ernesto Fontanes, ha explicado que los mandatos de estos directivos "no cumplen con lo establecido en la Ley de Cajas de 2005", normativa que ha sido modificada en diciembre de 2009, pero que en el extremo referido a la duración de mandatos no cambió con respecto a la anterior.
"Nuestro sindicato se ha visto obligado a tomar esta medida, ya que tanto la Xunta como el Banco de España parecen hacer oídos sordos a esta situación", ha justificado Fontanes, en relación a que el protocolo de fusión de las cajas de ahorros permite la permanencia en su puesto a Gayoso durante el periodo de transición.
La "celeridad" en la resolución del litigio que demanda UGT se debe a que ya ha salido publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una modificación de la ley que se hará efectiva a partir de este próximo 1 de diciembre y amparará el blindaje de los actuales miembros de los órganos de gobierno de las dos cajas gallegas durante los próximos tres años. "Con esta fecha tan cercana se requiere celeridad", entiende el sindicato UGT.
"La ley se va a modificar, pero la ley está vigente y hay que hacerla cumplir", ha dicho Ernesto Fontanes, quien ha negado rotundamente que se deba a una venganza contra Caixanova por haber estado en desacuerdo cuando se negoció el pacto laboral que, a su parecer, "desprotege las garantías de los prejubilados y del resto de los trabajadores".
"VIENE DE LARGO"
Esto, ha dicho el secretario general de FES-UGT, "viene de largo", puesto que --ha recordado-- en el año 2008 ya denunciaron el incumplimiento de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) y la Ley de Cajas gallega.
Así las cosas, ha indicado, "a los tribunales les corresponderá determinar si esta denuncia va adelante, con el abandono de estas personas afectadas o si se paraliza". "Hay una situación de ilegalidad, de incumplimiento de la ley, tanto gallega como estatal", concluyó Ernesto Fontanes.
