MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del FMI, Christine Lagarde, deberá dar explicaciones ante la Audiencia Nacional por las reuniones mantenidas con el exministro Luis de Guindos durante el primer semestre de 2012, que se celebraron motivadas por "la existencia de graves problemas" en el grupo BFA-Bankia, según relató el propio Guindos durante su paso como testigo del juicio por la salida a Bolsa de Bankia.
Así consta en el cuestionario que el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, ha remitido al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que preside la magistrada Ángela Murillo y al que ha tenido acceso Europa Press.
Aunque Lagarde había sido citada a declarar como testigo el día 8 de mayo por videoconferencia, desde el FMI se acogieron a su "política de inmunidad" y comunicaron que era "complicado" que ella y la directora adjunta Ceyla Pazarbasioglu realicen una videoconferencia, siendo habitual la vía del cuestionario.
El tribunal de la Audiencia Nacional solicitó a las partes que proponían dicha testifical que realizasen un informe sobre los motivos y objetivos de la misma y un cuestionario para que cumplimentasen los testigos si deseaban mantener la testifical con estos condicionamientos del FMI.
La CIC ha confirmado su deseo de mantener ambas testificales, lamentando que se vaya a prescindir de "los principios elementales de oralidad, inmediatez y contradicción en la práctica de la prueba" por la existencia de "una supuesta política de inmunidad que no se concreta y sin conocer cuáles son los motivos que hacen complicada la celebración de la prueba por videoconferencia".
El objetivo de la declaración testifical de Lagarde es, según Herzog, aclarar el papel del FMI en la crisis de BFA-Bankia, que desembocó en la dimisión de su presidente Rodrigo Rato, la reformulación de las cuentas, la petición de rescate financiero y la nacionalización de la entidad.
En concreto, la CIC pone de manifiesto las declaraciones de Luis de Guindos durante la fase de instrucción y durante el juicio oral, donde destacó la "enorme preocupación" que al parecer existía en el FMI y otros organismos internacionales durante el primer semestre de 2012.
De Guindos refirió la existencia de tres reuniones con Lagarde el 25 de enero, 24 de febrero y 19 de abril de 2012 y una con Pazarbasioglu el 15 de febrero, que habrían venido motivadas por "la existencia de graves problemas en el grupo BFA-Bankia, donde estimaban importantes necesidades de capital".
El cuestionario remitido a la Audiencia Nacional para que Lagarde cumplimente consta de seis preguntas. La primera de ellas pide que confirme, aclare y explique dichas reuniones, con especial referencia a la opinión del FMI y la suya propia sobre la situación del grupo bancario en el primer semestre de 2012 y sobre su decisión de salir a Bolsa, materializada el 20 de julio de 2011.
LA MISIÓN DEL FMI EN ESPAÑA
La Confederación también justifica la testifical de Lagarde por el Programa de Evaluación del Sistema Financiero Español (FSAP, por sus siglas en inglés) que desarrolló el FMI entre febrero y abril de 2012. El FMI llegó de "misión" a España el 1 de febrero, con un equipo de 16 personas encabezado por Pazarbasioglu.
La jefa de la misión se reunió con Rato y De Guindos el 15 de febrero y el 25 de abril se hizo público el avance de su informe, en el que se advirtió de que, una vez agotadas las opciones para una recapitalización privada de la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos, podría ser necesario un mayor recurso a la financiación pública para preservar la estabilidad financiera y rescatar entidades problemáticas. En referencia a Bankia, se aconsejó tomar medidas "rápidas y decisivas" para fortalecer sus balances.
En este contexto, la segunda pregunta del cuestionario pide a Lagarde explicaciones sobre con qué antelación se preparan las revisiones o auditorías financieras del FSAP y si en la correspondiente a España de 2012 fue también objetivo de análisis el proceso de constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) de BFA-Bankia y la salida a Bolsa de la entidad, indicando desde cuándo y por qué había preocupación por la situación de la entidad.
Asimismo, la tercera cuestión se refiere al contenido y las conclusiones obtenidas de las reuniones y contactos mantenidos por los representantes del FMI con Rato y con De Guindos en febrero de 2012, incluyendo la valoración realizada por el FMI sobre la intervención del Banco de Valencia y la actuación de BFA-Bankia en relación a dicha circunstancia.
En cuarto lugar, la CIC solicita a Lagarde que indique si, además de los referidos contactos, la misión encargada de la evaluación del FSAP se reunió con los responsables del Banco de España y otras autoridades o entidades supervisoras, explicando el resultado y el contenido principal de los encuentros.
Respecto a las "importantes necesidades de capital" que se estimaban y el "necesario recurso a la financiación pública" para preservar la estabilidad financiera que se indican en las conclusiones preliminares del FSAP publicadas el 25 de abril, el cuestionario pide a Lagarde que concrete qué cifras de ayudas públicas consideraban necesarias para solucionar la crisis de BFA-Bankia y si las mismas se sustentaban en informes o análisis de algún tipo, así como qué soluciones requería el FMI para "evitar el contagio a otras entidades".
Finalmente, el cuestionario de CIC pide a Lagarde que explique las circunstancias en que se produjo la publicación del avance de conclusiones del FSAP y la intervención que tuvieron en ella las autoridades españolas.
CEYLA PAZARBASIOGLU YA NO TRABAJA EN EL FMI
Por otro lado, Herzog ha tenido conocimiento de que Ceyla Pazarbasioglu "ya no trabaja en el FMI", por lo que considera que no procede canalizar su testifical a través de esta institución y que no está sometida a su política de inmunidad.
"Ocupa actualmente, desde el 1 de octubre de 2018, el cargo de vicepresidenta de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones del Banco Mundial, cuya sede se encuentra en Washington", ha señalado en su informe.
De esta manera, desde CIC han reclamado al tribunal de la Audiencia Nacional que dé por "evacuado" lo que trasladó la providencia en la que se notificó a las partes que ambas debían declarar por cuestionario.
