MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La comunidades autónomas gobernadas por el PP en solitario o en coalición (Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Madrid y Castilla y León) han denunciado este miércoles el diseño "impuesto" por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la gestión de los fondos europeos en materia de empleo.
Tras la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se abordó la distribución de 687,7 millones para programas de empleo, los consejeros de estas comunidades autónomas han manifestado, a través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, su disconformidad por entender que se invaden las competencias autonómicas para el diseño de las políticas activas de empleo, y han criticado que la participación de las comunidades autónomas que suscriben esta declaración ha sido "puramente testimonial".
Los representantes de estos gobiernos regionales han querido remarcar que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. "Diseñar estas políticas sin la participación de las comunidades es un error", han denunciado.
Los gobiernos de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Madrid y Castilla y León muestran su desacuerdo con el comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que con el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas "de forma unilateral" por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión.
Denuncian, por tanto, que se "impongan" los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes en sus territorios, y en su mayoría, imposibles de automatizar los procesos de aplicación. Adicionalmente, la obligada aplicación de esas políticas no está acompañada de los recursos financieros suficientes para desplegarlas en tiempo y forma, denuncian.
Los consejeros de los gobiernos autonómicos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas, "sin que hayan podido participar en su diseño", ya que simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas.
Del mismo modo, advierten de que la fórmula utilizada incorpora un "elevado riesgo" de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejora de la empleabilidad de las personas y aumento de la productividad de las empresas, dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.
