En Comú denuncia que la ambigüedad legal de la subcontratación ampara abusos laborales

Aina Vidal, diputada de En Comú
UNIDOS PODEMOS
Publicado: viernes, 2 febrero 2018 12:29

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem ha denunciado este viernes que la ambigüedad en la actual legislación laboral en materia de subcontratación y de cesión del trabajo ampara "gravísimos abusos de los derechos laborales de los trabajadores".

A través de una batería de preguntas registrada en el Congreso, la portavoz laboral de En Comú Podem, Aina Vidal, subraya la necesidad de reformar "cuanto antes" el Estatuto de los Trabajadores en lo referido a la externalización para "acabar de una vez por todas con la vulneración sistemática de los derechos laborales básicos".

Así, recuerda que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declara nulo el despido a una camarera de piso de una cadena de hoteles, bajo una "cesión ilegal por parte del empresario hacia una tercera empresa".

En el auto, el TSJC señala que tanto en las modificaciones de las condiciones laborales, tras esta subcontratación, como en la regulación de este tipo de prácticas, "la actual legislación laboral no fija los límites entre la lícita contrata y la ilegal cesión de los trabajadores", subrayan.

ABORDAR "CUANTO ANTES" LA REFORMA DEL ESTATUTO

En este sentido, critica que haya sido la doctrina jurisprudencial "la que ha ido cercenando las conductas abusivas", y señalan que los propios jueces "trasladan al poder legislativo la necesidad de abordar una reforma que sirva para prohibir el abuso que en estos momentos se genera en torno a los procesos de subcontratación", por lo que insta a abordar "cuanto antes" la modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Por todo ello, Vidal pregunta al Gobierno si comparte "que la actual legislación en materia de subcontratación y cesión de trabajadores es excesivamente ambigua y permite gravísimos abusos de los derechos laborales".

Por último, pregunta al Ejecutivo si se plantea impulsar la modificación del Estatuto de los Trabajadores para poner límites "entre la lícita contrata y la ilegal cesión de trabajadores", y, en caso de negarse, pide al Gobierno que justifique esta negativa.

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