MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de Profesores de la Enseñanza Pública ANPE ha recurrido este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) el decreto que baja los sueldos de los docentes, el Real Decreto 8/2010, en defensa de los derechos del profesorado de la enseñanza pública.
ANPE explica que este recurso "no pretende blindar a los profesores frente a las medidas que se adopten para hacer frente a la crisis ni defender privilegios sino recordar al Gobierno que sus atribuciones se enmarcan en normas vinculantes, que emanan de la Constitución y de las disposiciones legislativas y reglamentarias que las desarrollan".
En este sentido, el sindicato considera que el Decreto vulnera los compromisos adquiridos con los representantes sindicales de la función pública, "conculcando el derecho a la negociación colectiva reconocido en el artículo 37 de la Constitución".
Además, cree que el recorte salarial se ha decidido y aplicado "sin ninguna intervención sindical" y que el Decreto puede vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue ratificado por el Congreso a través del artículo 24 de la Ley de Presupuestos para 2010.
Asimismo, ANPE apunta que la facultad del Gobierno para dictar disposiciones legales a través de la vía extraordinaria del Decreto- Ley "está reservada a casos de extraordinaria y urgente necesidad", que, a su juicio, "no se justifican en absoluto en la exposición de motivos del RD 8/2010, estando ya en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2010".
Por otra parte, destaca que el Decreto "atenta contra los derechos patrimoniales adquiridos por los funcionarios docentes, quebrando el principio de protección de la confianza legítima que recogen los artículos 14, 31, 33 y 37 de la Constitución", situándose así, a su parecer, "fuera del marco legal de los presupuestos del Estado".
ANPE también considera que infringe el principio de igualdad "al convertir el recorte retributivo en una norma de índole fiscal progresiva que grava por segunda vez las rentas de trabajo de los empleados públicos".
Por último, ANPE apunta que el Decreto aplica de forma "desigual y progresiva" el recorte salarial "de manera discriminatoria y arbitraria, vulnerando los méritos adquiridos y comparando de manera demagógica esta disminución retributiva con la de los altos cargos políticos".
