MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Fremap adeuda 17,1 millones de euros a la Seguridad Social por gastos indebidamente imputados con cargo a las cuotas percibidas de sus reservas, de acuerdo con el modelo de colaboración entre las mutuas y la Administración, en 2007 y años previos.
Este saldo resulta de los trabajos de auditoría que anualmente realiza la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) correspondientes a dichos ejercicios, que se reflejan en una respuesta parlamentaria del Gobierno a una consulta del diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La Ley establece que en el caso de que la IGSS aprecie posibles responsabilidades contables, debe comunicarlo al Tribunal de Cuentas para la iniciación de los oportunos procedimientos.
Además, estos resultados se incluyen en un informe que se remite a la mutua controlada, así como a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, órgano que la tutela, para que, en el plazo máximo de un mes, la entidad manifieste su conformidad o efectúe las alegaciones que estime convenientes.
Transcurrido dicho plazo y teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas por la mutua, la IGSS emite un informe provisional sobre el que debe manifestar su conformidad o disconformidad la Secretaría de Estado.
Luego, con todas las aportaciones de las partes se emite el informe definitivo y la resolución para su firma en la misma Secretaría, instancia que exige el reintegro de gastos incurridos por la mutua que no puedan ser soportados por el sistema de la Seguridad Social.
17,1 MILLONES PENDIENTES.
Este fue el proceso a seguir en el caso de la auditoría a la que se sometió a Fremap para el ejercicio 2007 y anteriores, en la que se pusieron de manifiesto una serie de gastos indebidos relativos a los conciertos suscritos con medios privados para hacer efectivas las prestaciones sanitarias.
Según responde el Gobierno por escrito, se detectó que Fremap había suscrito determinados conciertos con entidades sin disponer de la autorización previa del entonces Ministerio de Trabajo e imputó gastos con cargo a la Seguridad Social de forma indebida, por lo que la Secretaría de Estado de Seguridad Social exige la devolución de 17,1 millones de euros. La orden de pago se emitió en abril de 2013.
En el momento de elaboración de esta información, la mutua no ha respondido a las peticiones de información realizadas por Europa Press.
Por su parte, fuentes del Ejecutivo precisan que en esos 17,1 millones de euros se incluyen tres millones procedentes de una sanción impuesta por la Comunidad de Madrid a la mutua, que abonó indebidamente con cargo a las reservas de la Seguridad Social, otros tres millones por asistencia sanitaria facturada erróneamente y un millón de euros por la entrega de botiquines a empresas no identificadas por la mutua.
El escrito del Gobierno recuerda que a finales de 2014 se aprobó la reforma de las mutuas para "tratar de poner fin a actuaciones, cuanto menos irregulares, relativas a la gestión de los fondos que las mutuas reciben en concepto de cuotas", estableciendo mecanismos que permitirán un mayor control de esta actividad gestora.
