BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha presentado este miércoles las directrices para el uso del mecanismo que condiciona el desembolso de ayudas europeas al respeto al Estado de derecho en los Estados miembros, lo que en la práctica supone el último trámite formal para que Bruselas pueda congelar fondos a Hungría y Polonia por poner en riesgo la independencia judicial y otros valores fundamentales de la UE en su territorio.
La Unión Europea cuenta desde enero con un nuevo reglamento que permite a Bruselas denegar el pago de fondos comunitarios --también los previstos en el plan de recuperación-- a países que han violado los principios del Estado de Derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
Sin embargo, la institución comunitaria se comprometió a no hacer uso de esta opción hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara sobre sendos recursos de Varsovia y Budapest, que pusieron en duda su base legal y consideraban la norma arbitraria. El pasado febrero la Justicia europea avaló el mecanismo de condicionalidad y dio vía libre para su utilización.
Ahora el Ejecutivo comunitario publica las directrices que aclaran los criterios que tendrá en cuenta a la hora de examinar la actuación de cada Estado miembro, un requisito procedimental antes de poder enviar las primeras cartas formales para notificar incumplimientos a los países en los que detecte un uso de los fondos que haga peligrar el Estado de derecho.
En un comunicado este mismo miércoles, los responsables del dossier de la condicionalidad en la Eurocámara, los eurodiputados Eider Gardiazabal (S&D) y Petri Sarvamaa (PPE), han instado a Bruselas a dar el siguiente paso sin más "excusas" y avisado de que "otro retraso en el envío de cartas será dañino" para la protección del Estado de derecho en la UE.
Las orientaciones de Bruselas apuntan la necesidad de que las medidas propuestas sean proporcionadas, adecuadas y necesarias para abordar los problemas en cuestión y aclaran los procedimientos que deben seguirse en cada caso, incluidas las fuentes de información de la Comisión, las posibles reclamaciones y los procedimientos para adoptar y levantar las medidas.
También recoge la necesidad de proteger los derechos de los destinatarios o beneficiarios finales de la financiación de la UE, ya que los países de la UE deberán seguir efectuando los pagos a cargo de programas o fondos de la UE en cualquier circunstancia.
