MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado una enmienda de totalidad en la que pide la devolución al Gobierno del proyecto de ley por el que se aprueban medidas para paliar la subida del precio de los carburantes en el sector de transporte por carretera, por considerar que el texto del Gobierno es una "especie de cajón de sastre que en nada contribuye a la transparencia y a la buena técnica legislativa".
Los populares denuncian que el proyecto el Gobierno incluye también la modificación del régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y la aprobación de medidas tributarias para la financiación sanitaria. Para el primer partido de la oposición, el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo contiene "diversidad de modificaciones inconexas entre sí".
Así, argumenta que da cobertura a materias "tan dispares" como las medidas contenidas en el acuerdo que se adoptó con el sector del transporte para paliar la subida de los precios de los carburantes, o la deducción por doble imposición internacional. Además, critica que atienda al mismo tiempo una adaptación de una directiva comunitaria sobre reorganizaciones empresariales y nuevas medidas tributarias para financiar la sanidad.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de noviembre el proyecto de ley con distintas fiscales en el que se incluyeron las medidas acordadas recientemente, en este sentido, con el sector del transporte de mercancías por carretera.
El proyecto de ley incluye así una bonificación del 50% en las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los conductores profesionales en los ejercicios 2006 y 2007, así como la reducción del 75% del Impuesto sobre las primas de seguros durante 2006, y la mejora en la deducción por inversión en vehículos ecológicos que contempla el Impuesto de Sociedades.
FINANCIACIÓN SANITARIA
Según el Grupo Popular, las medidas tributarias para financiar la sanidad "no son las más adecuadas ya que parten de la tesis de que la financiación de la sanidad es un problema exclusivo de las comunidades autónomas y que el papel del Estado sólo obedece a la función coordinadora en materia sanitaria y a su potestad para establecer impuestos.
Para el PP, la solución planteada por el Gobierno "no tiene en cuenta" los principios constitucionales de cohesión, solidaridad, garantía y cobertura suficiente de este "servicio básico". También afirma que la solución presentada "se basa en una subida de impuestos sobre el consumo a pagar por los ciudadanos", a la que hay que añadir "la experimentada por las bebidas alcohólicas y el tabaco en septiembre de 2005".
