El juez abre juicio oral contra los 18 acusados del fraude de 115 millones de la agencia de valores

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha dictado auto de

apertura de juicio oral contra los 18 acusados de participar en el

fraude de 115 millones de euros (20.000 millones de pesetas) que

sufrieron 15.0000 clientes de la Agencia de Valores AVA, informaron a

Europa Press fuentes jurídicas.

La apertura de juicio oral supone que el sumario, que comenzó a

instruirse en 1998, es remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia

Nacional, para que se juzguen los hechos investigados, lo que no se

prevé que se produzca antes de la primavera del próximo año, por la

cantidad de asuntos pendientes que tiene la Sección Primera,

encargada de juzgar el 'caso AVA'.

En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción adscrito al

caso, David Martínez Madero, pidió 15 años de prisión y multa de dos

años a razón de 150 euros (25.000 pesetas) diarios por estafa y

delito societario de falsedad documental para los principales

acusados, Rafael Salama, Juan Enrique Castañeda, Raymond Cretegny y

Phillipe Paul Werro. Para los consejeros de AVA, Asesores de Valores,

Agencia de Valores S.A. solicita 13 años de cárcel por estafa y

apropiación indebida.

Se trata de Enrique Coronado Guijarro, Emilio Ruiz de Salazar

Lizosain, Pilar Barrio de la Fuente, Juan José Camacho Barrachina,

José María Pedruzo Aguirreurreta, Santiago José Pla Pascual, Santiago

Vian Carazo y José Luis Zarraluqui, para los que el fiscal pide,

además de la pena de prisión, 21 meses de multa con cuota diaria de

90 euros (15.000 pesetas).

Asimismo, solicita 12 años de cárcel y multa de un año a 150 euros al

día por un delito de estafa para Salomón Benatar, Henry P. André y

Claude Waelti. Para el auditor Miguel Angel Ibáñez Hernando pide 3

años de cárcel y multa de doce meses con cuota diaria de 150 euros

por un delito societario de falsedad documental.

La acusación que ejerce Adicae, en nombre de la mayoría de los

clientes perjudicados, solicita penas mayores que el Ministerio

Público, puesto que para los consejeros de AVA pide 25 años de cárcel

y multa de 47.480 euros (7,9 millones de pesetas); para el auditor

Ibáñez, 3 años de prisión y multa de 32.454 euros (5,4 millones); y

para los demás acusados, 20 años y 6 meses, y multa de 64.909 euros

(10,8 millones).

El auto de apertura de juicio oral hace suyas las peticiones de las

acusaciones personadas en el 'caso AVA', salvo la de imponer medidas

cautelares a los imputados y la de declarar responsable civil

subsidiario de lo ocurrido a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV), como pedía Adicae.

El fiscal explica en su escrito de acusación que desde 1995 AVA

desarrolló las actividades propias de una agencia de valores. En

nombre de los clientes, realizaba 'toda clase de inversiones

financieras de acuerdo con su exclusivo criterio profesional, en

virtud de un 'contrato de gestión de cartera' que dispensaba a la

agencia de consultar las decisiones a adoptar, salvo que el cliente

marcare directrices específicas'.

Por ese contrato, AVA adquirió valores y productos financieros,

hallándose especializada en operaciones sobre valores de renta fija

internacional, fundamentalmente de países con mercados emergentes

(Brasil y Argentina). Para ello, entró en contacto con diversos

intermediarios financieros, siendo el más importante el banco Socimer

International Bank Limited, que adquiría en los mercados

internacionales deuda pública de países emergentes para vendérsela a

los clientes de AVA. Socimer estaba presidido por Salama y

administrado por Benatar y Castañeda.

El cliente no tenía que desembolsar el 100 por ciento de la

inversión, dado que la operación financiera no lo exigía, sino que

Socimer le financiaba la mitad de su valor y en garantía retenía

todos los títulos. El banco a su vez había financiado la compra de

los activos, desembolsando sólo un 10 por ciento. De esta forma,

Socimer obtenía la liquidez correspondiente mediante la diferencia de

lo invertido por los clientes (50 por ciento) y lo realmente pagado

(10 por ciento).

A la cabeza de Socimer Finance Holding figuraba Transáfrica, en la

que también participaban Werro y Cretegny. Este último era también

director general ejecutivo de André & Cie, compañía suiza presidida

por Henry André y propietaria del 49 por ciento de Transáfrica.

El 27 de febrero de 1996, Socimer adquirió una participación

mayoritaria en el banco argentino Medefín UNB. En septiembre, para

salvar su precaria situación, Transáfrica intentó fusionarse con el

Banco argentino Patricios, lo que no pudo hacer.

'La crisis de Socimer, consecuencia de la adquisición del Banco

Medefín, era conocida y propiciada por los acusados y administradores

de Transáfrica, y no resultó tampoco ajena al también acusado Miguel

Angel Ibánza, socio auditor de KPMG Peat Marwick, que constató tal

circunstancia al tiempo de realizar el informe de auditoría de

cuentas anuales consolidadas del grupo Transáfrica referidas al

ejercicio de 1996, cuya elaboración le había sido encomendada',

explica el fiscal en su escrito.

Para el Ministerio Público, los administradores y el auditor 'eran

plenamente conocedores de que los fondos propios consolidados del

Grupo Transáfrica no permitían absorber un quebranto significado que

pudiera derivar de la endeble coyuntura financiera generada tras la

adquisición del banco argentino'. De ahí que no lo reflejaran en sus

cuentas, ni Ibáñez lo hiciera constar en la auditoría que realizó.

Con el objetivo de hacer frente a la crisis y devolver los créditos

que le habían sido concedidos, Socimer decidió revender a los

clientes de AVA los títulos que ya eran suyos. De esta forma, 3.060

inversores ajenos a la existencia del gravamen padecieron un

detrimento patrimonial globalmente cifrado en 83 millones de euros

(13.861 millones de pesetas).

En septiembre de 1997, 1.206 clientes de AVA adquirieron valores por

valor de 23 millones de euros (3.871 millones), mientras que 932 lo

hacían a su vez por 10 millones de euros (1.732 millones). 'La

adición de estas cantidades, esto es, 33 millones de euros (5.503

millones) del total perjuicio de 83 millones de euros, constituye el

montante de las inversiones afectadas por la operativa que los

clientes intermediados por AVA mantuvieron con Socimer, de cuya

situación patrimonial no pudieron tener conocimiento cierto los

clientes de la agencia al no lucir en las citadas cuentas anuales de

Transáfrica los inasumibles riesgos contraídos por su filial que,

tras materializarse irremediablemente, determinaron la crisis del

grupo empresarial.'

Respecto a AVA, el fiscal explica que su actividad consistía en la

gestión de carteras de clientes cuyo número de cuentas pasó de 7.540

en agosto de 1996 a 16.955 en septiembre de 1997 y que corresponden a

un patrimonio gestionado en 1996 de 17.054 y llega a ser de 35.974

millones en un año.

El consejo de administración acordó adquirir para 317 clientes

productos financieros que se hicieron aparecer como títulos emitidos

por el Gobierno de Brasil cuando en realidad eran de una sociedad

constituida en las Islas Caimán. Los clientes no fueron informados de

los riesgos del producto y resultaron perjudicados en casi 5 millones

de euros (830 millones de pesetas).

Además, los administradores de AVA ordenaron en enero de 1998 'una

aplicación mediante la cual se transfería la titularidad de 23.081

bonos de 38 clientes a otros 815, lo que produjo un perjuicio a éstos

de 3,5 millones de euros (598 millones de pesetas).

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21-May-2002 20:25:01

(EUROPA PRESS)

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