MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los imputados en el "caso BBV" Roberto Ucelay Sabina y su abogado,
Rafael Pereda Alonso, admitieron hoy ante el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón las dos operaciones realizadas en Jersey a
través de Canal Trust, dependiente del BBVA Privanza Bank Jersey,
denunciadas por Nicolás Ucelay, hermano del primero.
No obstante, ambos dijeron desconocer que las sociedades a las que
vendieron propiedades de la familia Ucelay -fundadora de la fábrica
de cigarros "Coronas"- pertenecían a Canal Trust.
Fuentes jurídicas destacaron hoy la importancia de estas operaciones
para probar que entre los servicios que el BBVA Privanza Jersey
ofrecía mediante Canal Trust figuraba la constitución de sociedades
de las que eran administradores los empleados de la citada entidad.
Es decir, sus trabajadores -tres de los cuales declararon ayer como
imputados ante el juez, junto con el director general de Canal Trust,
Gabriel Moreno- actuaban como testaferros de los verdaderos titulares
del dinero invertido que son residentes en España a efectos fiscales.
No obstante, el delito fiscal que se habría cometido en las dos
operaciones estaría prescrito, según las mismas fuentes. Otras, en
cambio, apuntaron a que la segunda, efectuada en 1996, todavía es
perseguible penalmente.
Nicolás Ucelay Sabina, quien tiene interpuesto un pleito de mayor
cuantía por estos hechos en los Juzgados de Tenerife, presentó una
denuncia en la Audiencia Nacional en la que bajo la rúbrica
"utilización de las estructuras de Jersey", relataba una serie de
operaciones relacionadas con el "caso BBV". Una de ellas consistió,
en la venta a Vancouver Finance Company, domiciliada en Jersey, de 18
locales comerciales a precio "notoriamente inferior al de mercado".
La parte vendedora estaba controlada por dos de los hermanos del
denunciante -Roberto y Francisco Javier, ya fallecido-, a quienes se
habría conferido la administración del patrimonio de Francisco Ucelay
Cambreleng, confundador de la fábrica de cigarrillos "Coronas". Ambos
habrían invertido, según el denunciante, la cantidad de 440 millones
de pesetas, ocultando su identidad tras Vancouver.
La segunda operación consiste en la aportación de 54 millones de
pesetas al capital de la entidad Construcciones Masca, efectuado por
la sociedad irlandesa Simwell Investment, cuyos accionistas son los
mismos que de Vancouver: Canal Trust, BIBJ Management y BIBJ
Management. Según la denuncia, Construcciones Masca, de la que habría
sido administrador Roberto Ucelay, se configura como una sociedad
"inactiva e instrumental".
Roberto Ucelay declaró ante el juez que las ofertas de compra le
llegaron por su hermano Francisco Javier, por lo que ignora si las
sociedades que compraron sus propiedades pertenecían a Canal Trust,
ya que se ocupó de ello el fallecido.
Perera, que según las fuentes consultadas siempre ha sido abogado de
la familia Ucelay, representó a Vancouver en la primera de las
operaciones. Declaró que le dieron el poder por carta, en la que la
firma era ininteligible, y que el número de cuenta dónde tenía que
ingresar el dinero lo conoció por el mismo procedimiento. El juez
Garzón le pidió que entregara en el Juzgado toda la documentación que
conserve de la venta de los locales y, especialmente, el número de
cuenta, para comprobar, como se sospecha, que pertenece al BBVA
Privanza Jersey.
Tanto Vancouver como Simwell tienen como administradores a empleados
de Canal Trust. En concreto los tres que declararon ayer como
imputados ante el juez Garzón. Se trata de Javier Cascajero, Julio
Antonio Cisneros y Alejandro García Serrano, quienes, al igual que su
director general, Gabriel Moreno, se negaron a facilitar ningún dato
referido a operaciones y clientes de Jersey, alegando que así les
obliga la legislación bancaria vigente en el citado paraiso fiscal.
El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero afirmaba en el escrito
en el que pedía la imputación de las personas que declararon ante
Garzón entre ayer y hoy, que los hechos denunciados por Nicolás
Ucelay conforman "un ejemplo práctico de los fines a los que sirven
los llamados "productos fiduciarios" en su versión de "compañías"
domiciliadas en Jersey con accionistas "nominatorios", en el caso de
Vancouver, o de "compañías" domiciliadas en Irlanda por accionistas
nominatarios domiciliados en Jersey, en el caso de Simwell,
comercializados por el banco denunciado".
Para Martínez Madero, estos productos producen la ocultación de la
titularidad de rentas y patrimonios en defraudación de terceros como
pueden ser los coherederos y la Hacienda Pública.
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19-Jul-2002 18:20:07
(EUROPA PRESS)
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