WASHINGTON, 9 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- "Hoy, el gobierno andorrano ha demostrado lo que hemos sabido desde el principio - no tenían ninguna justificación para expropiar Banca Privada d'Andorra (BPA) de la familia Cierco. Después de casi un año y decenas de millones de fondos de contribuyentes gastados, no ha habido una sola acusación o acción en contra de cualquier cliente que Andorra reclama estar envuelto en blanqueo de capitales.
En la conferencia de prensa llevada a cabo hoy por el Consejo de Ministros de Andorra, el gobierno suavizó su posición sobre las 923 cuentas de BPA que se describieron falsamente ayer como sospechosas. Hoy, el Ministro de Finanzas admitió que no había revisado el informe de PwC y que las 923 cuentas a las cual se hace referencia simplemente no pueden ser trasladadas a a Vall Banc, y no son indicativas de blanqueo de capitales.
Lo que Andorra y PwC han mostrado es que .3% de los clientes del banco han sido identificados de exhibir ciertos patrones sospechosos y que justifican investigación adicional, número el cual es el mismo que BPA había identificado al gobierno andorrano para investigación y bloqueado mucho antes de que el banco fuera ilegalmente e inmoralmente incautado por el gobierno.
Como el gobierno andorrano y dos firmas contables habían certificado, BPA fue proactivo en la presentación de informes y el bloqueo de cuentas. Cientos de puestos de trabajo y cientos de millones de euros en valor se han perdido por ninguna razón.
El único camino hacia la justicia es que el gobierno ponga fin a sus transacciones a puerta cerrada, se vuelvan completamente transparente, y divulgue los resultados completos de la investigación larga y costosa de PwC."
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