MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan y la de ingenierías Fidex han reclamado que se alcance en España un pacto nacional de infraestructuras para acometer las más de 800 actuaciones prioritarias que, según aseguran, están planificadas y pendientes de construcción, unas obras que suman una inversión de 103.000 millones de euros y cuya ejecución generaría un millón de empleos.
Se trata de dotaciones de transporte y movilidad que presentan una "elevada rentabilidad socioeconómica para el ciudadano", y también instalaciones de agua y medio ambiente "para cumplir con la normativa europea y evitar las sanciones comunitarias".
Las empresas del sector consideran "necesario un consenso y voluntad política" para construir este listado de obras del que, según aseguran, "depende la competitividad futura de la economía y el progreso y bienestar de nuestra sociedad".
Seopan y Fidex calcula que estos proyectos, durante su construcción, generarían además del referido millón de empleos, un retorno fiscal de alrededor de 51.000 millones de euros y una actividad económica inducida de 79.000 millones.
Entre el listado de 800 obras que proponen incluyen proyectos de movilidad y accesibilidad urbana por importe 37.900 millones de euros. En este capítulo incluyen construir 656 nuevos kilómetros de líneas de cercanías ferroviarias por 16.000 millones, y 410 kilómetros más de accesos y circunvalaciones urbanas por otros 7.000 millones.
Según aseguran, se trata de infraestructuras muy vinculadas a la vida cotidiana del ciudadano y su ejecución "proporcionará un ahorro en los desplazamientos de 120.000 horas diarias, con un beneficio social de 38.100 millones al cabo de treinta años".
También proponen infraestructuras de transporte interurbano y en materia de agua y medio ambiente.
En cuanto a la financiación de estos proyectos, Fidex y Seopan apuntan que "será necesario buscar soluciones de financiación alternativas como la colaboración con el capital privado", dado que, con el actual "contexto de reducción de déficit será difícil acometer estas infraestructuras con cargo a los presupuestos".
Las constructoras y las ingenierías consideran que este modelo de financiación supone la alternativa inversora "más viable" por razones de impacto en el déficit público y de eficiencia y simplicidad en la gestión. Además, "minimiza las posibles desviaciones en plazo y coste de los proyectos", según aseguran.
