Economía.- La Asociación de Comercio Electrónico defiende la legalidad de las agencias 'on line' denunciadas por Ryanair

Actualizado: miércoles, 20 agosto 2008 14:23

Asegura que la aerolínea irlandesa debe devolver el precio de los billetes cancelados más una indemnización mínima de 250 euros


BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) defendió hoy que las agencias de viajes 'on line' españolas denunciadas por Ryanair "son perfectamente lícitas y transparentes y cumplen con la normativa vigente", y que la aerolínea "está perjudicando claramente a los consumidores españoles que han comprado en estas agencias".

Por ello, AECEM informó que para todos los pasajeros que resulten perjudicados por cancelaciones existen compensaciones establecidas por la normativa europea que deberá asumir directamente el transportista --en este caso Ryanair--, y que pasan por devolver el precio de los billetes más una indemnización de 250 euros como mínimo (trayectos de hasta 1.500 kilómetros).

La indemnización es de 300 euros para trayectos de entre 1.500 y 3.000 kilómetros, y de 600 euros para viajes de más de 3.500 kilómetros.

Además, la asociación recordó que para casos en los que se dé un perjuicio mayor no cubierto por las compensaciones previstas en la legislación, el usuario puede acudir a los tribunales reclamando una mayor indemnización o posibles daños morales.

AECEM instó a la Dirección General de Consumo y la Dirección General de Aviación Civil a que abran una investigación y, en su caso, sancionen a Ryanair por incumplimiento de la legislación en materia de protección a los consumidores. También reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que actúe para defender los intereses de las agencias de viajes 'on line'.

De momento, la Dirección General de Aviación Civil considera que las cancelaciones anunciadas a partir del 25 de agosto por Ryanair "no han existido al estar los vuelos disponibles a través de la página web de la compañía".

Para el Ministerio de Fomento se trata de anulaciones de billetes que "entran dentro del marco de incumplimiento de contrato" y son, por tanto, las áreas de consumo de las comunidades autónomas las que tienen competencia en este ámbito.