MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció hoy que su departamento trasladará en breve a los agentes del sector del comercio el borrador para la modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en el marco del trámite de audiencia pública.
Durante la clausura de la asamblea anual de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Sebastián explicó que esta modificación permitirá adaptar la ley a la Directiva de Servicios, aunque puntualizó que el principio de libertad de establecimiento que consagra esta regulación comunitaria no puede significar "barra libre para instalarse dónde, cómo y cuándo se quiera".
En concreto, avanzó que el borrador propone que la instalación de grandes establecimientos esté sujeta a una única autorización, que integrará todos los trámites administrativos necesarios y que será otorgada por la administración autonómica o local.
Además, se suprimirán los criterios económicos en la concesión de las autorizaciones y se establecerán requisitos basados en el interés general, al tiempo que se apuesta como regla general por la "duración ilimitada" de las autorizaciones y su otorgamiento por silencio administrativo positivo.
También destacó que se simplificará la regulación de los registros de ventas a distancia, sustituyendo la obligación de inscripción por comunicaciones de inicio de la actividad y que se revisará la graduación de las sanciones y las cuantías de forma acorde con el tamaño de la empresa y su repercusión en el sector.
"Pondremos en marcha una ley justa, equilibrada y razonable", remarcó el titular de Industria, Turismo y Comercio, quien remarcó que también se respetarán los diferentes formatos comerciales.
Según el ministro, en la "difícil" coyuntura actual la transposición de la directiva constituye una oportunidad para simplificar, depurar y modernizar procesos de gran incidencia en el sector, puesto que permitirá eliminar todas las "trabas y barreras injustificadas" existentes actualmente, en tanto que se mantendrán aquellos requisitos "imprescindibles para el interés general", en materia urbanística, medioambiental, de seguridad y de conservación del patrimonio histórico-artístico.
"La transposición de la Directiva de Servicios plantea un voluminoso reto normativo al que las administraciones deberán hacer frente con agilidad y eficacia", destacó Sebastián, quien precisó que este proceso requerirá la revisión de 7.000 normas distintas que afectan a todos los sectores económicos.
No obstante, explicó que se contará con una Ley General como marco jurídico de referencia, conocida como 'ley paraguas', que, según dijo, se remitirá en breve al Parlamento.
