MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ejercido la opción de compra sobre el 6,2572% que el Grupo Torras-Kio tenía en Ebro Puleva por unos 256,62 millones de euros, en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de junio, informaron hoy a Europa Press en fuentes de la compañía.
Concretamente, la operación se refiere a un total de 9,62 millones de acciones a razón de 26,66 euros por título, que equivalen al 6,2572% del capital de la compañía agroalimentaria, por lo que Kio sigue manteniendo un 1,57%, al haber ostentado hasta ahora una participación del 7,82%.
De esta forma, SEPI acata la sentencia del pasado mes de junio de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a la empresa pública Alycesa a pagar un total de 260 millones al grupo Torras por el 7,82% de Ebro Puleva por el incumplimiento de un contrato en 1997.
Según explicaron fuentes de la compañía, en el momento en que se firmó dicho contrato, el paquete de 9,62 millones de acciones equivalía al 7,82%, pero tras las dos ampliaciones de capital realizadas por la compañía el porcentaje que se ha visto obligado a vender Kio es de 6,2572%, lo que le permite mantener una participación del 1,57%.
La cantidad desembolsada por SEPI es superior al valor actual de mercado, que, según el precio al que se intecambian las acciones de Ebro Puleva (14,72 euros por título), asciende a 141,60 millones de euros.
El contencioso arranca de un pacto impulsado en 1997 por la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, para garantizar 'la españolidad' de Ebro, en vísperas de su fusión con Azucarera y ante la amenaza de que la francesa Saint-Louis se hiciera con la empresa.
Alycesa suscribió una opción de compra con Kio (grupo Torras), que controlaba el 35% del capital, que debía ejercitarse en tres años, un contrato "nada habitual y financieramente desequilibrado" en beneficio del grupo kuwaití, según SEPI.
El 'holding' argumenta que dicho contrato vinculaba el precio del ejercicio de la opción de venta al mayor de dos precios (uno ligado al mercado y otro fijo, de 18 euros más un 10% anual), por lo que el grupo Torras "podía aprovechar la buena evolución del mercado si así se produjera, y obtener una gran rentabilidad con un menor precio de la acción, gracias al precio mínimo garantizado".
La Dirección General de Patrimonio dejó agotar el plazo --que vencía el 31 de diciembre de 2000-- y se negó a pagar por el paquete accionarial de Kio el precio pactado, que triplicaba el valor que entonces tenía Ebro en bolsa. Tras dar un ultimátum al Estado, Kio acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato.
