MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo si los contratos entre las estaciones de servicio y las petroleras son de reventa, dado que al entrañar algunos riesgos distan mucho de ser contratos de comisionista, informaron a Europa Press en fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).
Según la Confederación, el Supremo entiende que estos contratos son de reventa, por lo que las petroleras no deberían fijar los precios finales de los combustibles, dado que una vez que el producto entra en las estaciones de servicio la responsabilidad corre a cargo de los gasolineros.
La CEEES cree que el Supremo ha entendido que estos contratos son por tanto de reventa, dado que las gasolineras han pagado para que el producto entre en sus depósitos, de forma que si hay algún impago o si la totalidad del combustible no se vende, el que se verá afectado es el agente y no la petrolera.
No obstante, la CEEES explicó que el Tribunal Supremo ha decidió cerciorarse de si realmente son contratos de reventa preguntándole al Tribunal de Justicia europeo. El próximo jueves, día 13 de julio, se hará publico el informe que dará respuesta a las preguntas del Tribunal Supremo.
Las gasolineras han protestado en reiteradas ocasiones para que las petroleras dejen de fijar los precios de los carburantes y, en este momento, la CEEES está pendiente de si el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se pronuncia en contra de Repsol YPF sobre este asunto.
La Confederación explicó que si no se toma ninguna medida al respecto las 3.999 estaciones de servicio que tiene asociadas llevarán a cabo un cierre de uno o varios días en fechas clave de entrada o salida de vacaciones.
Las mismas fuentes precisaron que si finalmente el TDC no actúa en favor del libre mercado y, por tanto, de las estaciones de servicio, la CEEES procedería a convocar una asamblea general que decidiría llevar a cabo estos cierres o no y, en su caso, las fechas concretas para los paros.
El TDC dio en abril un plazo de dos meses a la petrolera hispano-argentina para que dejara de fijar los precios a las estaciones de servicio que tienen contratos de suministro en exclusiva con el grupo que preside Antonio Brufau, bajo sanción de 3.000 euros diarios.
La Confederación estima que Repsol YPF no actúa conforme a las resoluciones judiciales, porque la cuantía de la multa no resulta relevante para la compañía, ya que representa cerca de un euro al día por cada gasolinera abanderada.
