MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades autónomas tendrán la potestad para establecer el modelo de gestión que consideren oportuno en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), según un Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que viene a sustituir a la anterior normativa en esta materia.
La nueva norma tiene su origen en los recursos de inconstitucionalidad que contra un Real Decreto Ley del año 2000, de medidas liberalizadoras, presentaron las comunidades de Aragón, Cataluña, Asturias y Andalucía, por considerar que aquella legislación vulneraba sus competencias.
El Tribunal Constitucional resolvió en 2005 que corresponde a las comunidades autónomas establecer la habilitación para la prestación del servicio de ITV, mientras que la competencia para determinar los requisitos técnicos de las estaciones es compartida entre la Administración central y regional.
En consecuencia, el texto aprobado hoy establece que la prestación de la ITV podrá ser realizada directamente por las comunidades autónomas, o a través de sociedades de economía mixta, o por empresas privadas con su propio personal, en régimen de concesión administrativa o de autorización.
De esta forma, queda derogada la norma aprobada por el Gobierno en junio de 2000, por la que se modificó el régimen de las ITV, que pasaron de un sistema de concesiones administrativas a otro de autorizaciones.
También será competencia de las comunidades autónomas establecer los criterios para los horarios de las ITV, que tendrán que suscribir pólizas de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 300.500 euros.
AL MENOS DOS LINEAS DE INSPECCION.
Cada centro de ITV tendrá que disponer de, al menos, dos líneas de inspección, una de ellas para vehículos ligeros y otra para vehículos pesados o universal, aunque en casos excepcionales se podrán admitir estaciones con una sola línea universal en zonas de población muy dispersa.
La estación tendrá que estar ubicada en locales o naves totalmente independientes de otras en las que se realicen actividades diferentes, y deberá contar con sistemas telemáticos conectados con la administración regional y la Jefatura Central de Tráfico.
Los centros emplearán al personal necesario con la cualificación correspondiente, y la remuneración de los efectivos no dependerá del número de vehículos inspeccionados ni del resultado de las inspecciones.
