Economía/Motor.- Preacuerdo para indemnizar a los 279 trabajadores de AEG afectados por el cierre de Terrassa

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y los administradores concursales del concurso de acreedores de la compañía AEG Motores Eléctricos han alcanzado un preacuerdo para indemnizar a los 279 trabajadores afectados por el cierre de la planta de Terrassa (Barcelona), según informaron hoy a Europa Press fuentes sindicales.

De ratificarse el acuerdo en la asamblea del próximo lunes, los trabajadores recibirán una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, y un pago único lineal de 6.000 euros por trabajador.

El secretario general de Comisiones Obreras en AEG, Gabriel Moreno, explicó a Europa Press que las indemnizaciones recogidas en el preacuerdo suponen un total de 1,6 millones por el pago lineal, más cerca de 7 millones por la indemnización de 20 días por año.

Estos fondos "salen de la liquidación de la empresa", explicó, es decir, de "la venta de los terrenos y las naves" de la compañía, propietaria del grupo italiano Lafert.

El pacto se cerró ayer en una reunión durante el último día posible de negociación entre los sindicatos y los administradores y, de no aprobarse por parte de la mayoría de la plantilla, el juez del Juzgado mercantil número 2 de Barcelona establecerá las cuantías correspondientes a la indemnización.

Moreno aseguró estar seguro de que éste es "el mejor acuerdo posible", dado el "inconveniente de que la negociación tiene un término límite".

ANTECEDENTES.

El juez ordenó a principios de octubre el cierre de la fábrica de AEG Motores Eléctricos en Terrassa, que se dedica a la producción de componentes de automoción. La dirección de la compañía había presentado en abril un concurso de acreedores y en julio un expediente para despedir a 124 trabajadores, aunque lo retiró en septiembre para posteriormente pedir la liquidación y el cierre de la planta.

En una reunión durante una manifestación de los trabajadores el pasado 26 de octubre, el juez aseguró a los delegados sindicales que la plantilla tendría prioridad frente a los acreedores de la compañía a la hora de cobrar y que había posibilidades de embargar bienes a la empresa.