Economía/OPA(Ampliación).- Endesa pide al Tribunal de la UE que paralice la tramitación de la OPA en Madrid

LUXEMBURGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa pidió hoy al Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) que paralice cautelarmente la tramitación de la OPA de Gas Natural en España, a la espera de que se pronuncie la sentencia definitiva sobre si la operación tiene o no dimensión comunitaria, ya que existe un "riesgo claro" de daños "irreparables" para la eléctrica si las autoridades españolas toman una decisión.

Para evitar que el presidente del Tribunal, Bo Vesterdorf, imponga medidas cautelares, Gas Natural ofreció el compromiso de no retirar el recurso de Endesa ante la justicia europea antes del 15 de junio, para dar tiempo a que se dicte la sentencia definitiva. Ello significa que hasta esa fecha no habría adquirido control efectivo sobre la eléctrica. Vesterdorf ha dado indicaciones a las partes de que el Tribunal podría decidir por procedimiento acelerado a principios de primavera. La oferta estaba condicionada a que Endesa retirara la petición de medidas cautelares.

Tanto la Comisión como el Gobierno español estimaron "útil" esta oferta. Tras una reunión a puerta cerrada de las partes con Vesterdorf, la eléctrica la rechazó. Aunque sus abogados declinaron dar explicaciones sobre esta negativa, otras fuentes próximas al caso señalaron que el argumento esgrimido por Endesa fue que causaría "incertidumbre" que no se sepa quien controla la empresa o que haya una dirección con un consejo de administración hostil. Al final de la vista, el presidente del Tribunal aseguró que dictará el auto sobre medidas cautelares "lo antes posible".

Durante la vista, el abogado de Endesa, James Flynn, pidió la "suspensión inmediata" de la decisión de la Comisión de dejar en manos de Madrid el examen de la OPA hasta que el Tribunal de la UE decida sobre la sustancia del caso. Además, reclamó que el Ejecutivo comunitario se dirija a las autoridades españolas para exigirles que paralicen el trámite de la operación.

La eléctrica negó que su recurso a la jurisdicción europea se base en que cree que el Gobierno español autorizará la operación y que Bruselas la bloquearía, y dijo que las medidas cautelares son necesarias porque de lo contrario sus accionistas decidirán si aceptan o no la OPA con "fundamentos falsos", ya que pensarán que la van a aprobar las autoridades españolas, mientras que el Tribunal puede sentenciar que la jurisdicción competente es la UE. También pidió que se tenga en cuenta el cambio de normas contables que entró en vigor en 2005.

Asimismo, Endesa aseguró que no es posible esperar a la sentencia definitiva del TUE porque el Consejo de Ministros decidirá antes del 5 de febrero si autoriza o no la OPA. Flynn señaló que, de las declaraciones de los miembros del Gobierno, se deduce que se le dará el visto bueno, y por tanto existe un "riesgo claro de un daño inminente que debe ser descrito como grave y que en la práctica será irreversible". El daño irreversible más claro, según el abogado, sería la venta de parte de sus activos a Iberdrola.

Por su parte, el representante legal de la Comisión, Eric Gippini, señaló que el Ejecutivo comunitario está "muy preocupado" sobre este asunto porque puede sentar un "precedente" que haga que cualquier compañía no satisfecha con una OPA hostil abra un "frente comunitario" para retrasar la operación y sembrar "dudas o incertidumbre", destruyendo el sistema de control de fusiones de la UE.

A su juicio, el caso de Endesa es "muy desesperado" y sus perspectivas de éxito son "escasísimas o nulas". Bruselas tomó su decisión en función de los "fríos números" que aparecen en las cuentas oficiales y la eléctrica se ha embarcado en una operación para "hacer creer que tienen que desaparecer 4.000 millones de euros de sus cuentas en España".

ITALIA Y PORTUGAL, EN CONTRA DE LA DIMENSION COMUNITARIA.

Gippini recordó que no sólo la Comisión ha determinado que la operación no tiene dimensión comunitaria. A la misma conclusión ha llegado el Tribunal de Defensa de la Competencia español en su dictamen, y también las autoridades italiana y portuguesa de competencia. Asimismo, recordó que Endesa puede presentar un recurso en España y pedir allí las medidas cautelares, y aseguró que la suspensión de la decisión de Bruselas de remitir la OPA a Madrid "no tiene efectos".

Por parte de Gas Natural intervino el abogado Enrique González Díez, que rechazó también los argumentos de la eléctrica y aseguró que no se producirá ningún daño irreversible antes de que se pronuncie la sentencia definitiva. En este sentido, detalló al presidente del Tribunal el calendario de la OPA y aseguró que la toma de control efectivo no se producirá antes del 15 de junio. Asimismo, se ofreció a poner por escrito el compromiso de no retirar el recurso de Endesa ante el Tribunal antes de esa fecha.

"No se da en este caso ninguna de las condiciones para que se otorguen medidas cautelares y por ello pedimos que se desestimen", dijo González Díez, que alegó además que es Endesa la que ha creado "incertidumbre" entre los accionistas con la presentación del recurso ante el TUE.

En representación del Gobierno español, Nuria Díez Herraz, subrayó que "no cabe duda que la operación no tiene dimensión comunitaria" y por eso Madrid defiende la "competencia de las autoridades nacionales". En su opinión, se produciría una "quiebra de la seguridad jurídica" si las empresas instrumentalizan a la Comisión y al Tribunal de la UE para buscar el foro que entienden que puede beneficiar más a sus intereses. Tampoco existe urgencia para dictar medidas cautelares porque desde el punto de vista del Gobierno la operación no se habrá completado antes de "mediados o finales de mayo".

GRAVE PERJUICIO PARA ESPAÑA Y LA CE.

La concesión de las medidas cautelares representaría un "grave perjuicio" tanto para España como para la Comisión Europea. Además, la OPA exige "celeridad" y "seguridad jurídica" que quedarían en riesgo con las medidas cautelares.

El presidente del Tribunal se refirió a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la necesidad de que existan empresas nacionales fuertes, y preguntó a Díez Herraz si la decisión de España sobre la OPA se basará en cuestiones de competencia o tendrá en cuenta "otros elementos" como el interés general o los intereses de los trabajadores.

En ese momento intervino la directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño, que subrayó que la decisión del Gobierno está sujeta a un "control minucioso" del Tribunal Supremo y sólo puede apartarse del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia si se argumenta la diferencia.