BRUSELAS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Pesca, Juan Carlos Martín Fragueiro, reclamó hoy a la Comisión Europea un "mecanismo de flexibilidad" para redistribuir las cuotas pesqueras que impida "una infrautilización de las posibilidades de pesca" por parte de aquellos Estados miembros que no agotan sus cuotas. Aseguró que el comisario de Pesca, Joe Borg, ha tomado "muy buena nota de la petición española" y ha admitido la disposición de la Comisión Europea de "analizarla".
Así lo explicó Martín Fragueiro en declaraciones a los medios al término del Consejo informal de Pesca. Los ministros del ramo de los Veintisiete se dieron cita en el hotel Sofitel de Bruselas para abordar la propuesta del Ejecutivo comunitario de revisar la actual política de control en materia de pesca, después de que el último informe del Tribunal de Cuentas pusiera de manifiesto "irregularidades" por parte de varios Estados miembros, entre ellos, España, en los datos de pesca que remite a Bruselas.
El secretario de Estado de Pesca justificó dicho mecanismo de redistribución porque España observa "año tras año que existen, en muchas ocasiones, excedentes de cuotas no utilizados por muchos países y que no se pone a disposición de los que realmente necesitan" y descartó que "reducir la flota" pesquera de los Estados miembros sea "suficiente" para garantizar mantener los niveles en los recursos pesqueros actuales.
Por ello, consideró necesario la existencia de tal mecanismo de flexibilidad que "sin modificar el porcentaje que le corresponde a cada país, permita que no haya una infrautilización de las posibilidades de pesca" y garantice "que si hay un sobrante de cuotas, pueda ser redistribuido entre las necesidades de los Estados miembros sin necesidad de cambiar las claves de reparto ni la estabilidad relativa". "España puede ser excedentaria de algunas especies y otros países excedentarios de otras especies pesqueras", subrayó.
En definitiva, España reclama que "la clave de reparto se pueda modificar en un momento en que un país no agote sus posibilidades de pesca". "Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la merluza, España ha tenido que cerrar su pesquería en el mes de octubre, noviembre, y sin embargo ha sobrado cuota en el conjunto de los Estados miembros", precisó. Este mecanismo tendría "menos impacto socioeconómico" que tener que cerrar la pesquería.
ESPAÑA, FAVORABLE A UN CONTROL
En términos generales, el secretario de Estado admitió que España es "favorable a la política de control" en materia de pesca que propone introducir el Ejecutivo comunitario. "Estamos dispuestos a trabajar con la Comisión en el marco de este nuevo reglamento de control y, en el fondo, sí que estamos de acuerdo en las tesis que plantea la Comisión, con algunos matices", explicó.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo español ha pedido a la Comisión Europea "que analice con mayor precisión parte de lo que es el reparto de cuotas entre los Estados miembros", después de que identificara "fallos" relativos a los datos de España que ofrece el informe del Tribunal de Cuentas.
En relación a la armonización de las sanciones contra la pesca ilegal en la UE propuesta por la Comisión, el secretario de Estado de Pesca reconoció que España está "de acuerdo en que haya un marco armonizado en función del régimen sancionador".
Por otra parte, lamentó que "siempre" se esté hablando de la necesidad de simplificar la política pesquera comunitaria y que "sin embargo, a efectos prácticos, se siguen pidiendo documentaciones de todo tipo a los Estados miembros", algo que se traduce, a su juicio, en "una complicación mayor del sistema".
Por ello, reclamó "normas claras, flexibles y que los documentos que se pidan sean lo más precisos posibles" a fin de evitar "solapamiento" en la entrega o reproducción de documentos remitidos a Bruselas por los Veintisiete.
Por otra parte, Martín Fragueiro explicó que el director de la Agencia de Control de Pesca comunitaria, con sede en Vigo (Galicia), ha informado a los Veintisiete de "los planes de inspección conjuntos que se van a llevar a cabo este año" entre la agencia y los Estados miembros y que cubrirán las especies del atún rojo y del bacalao del mar del Norte y Báltico, entre otros.
El comisario de Pesca lamentó que, a pesar de que Bruselas se gasta 400 millones de euros al año en controlar e impedir la pesca ilegal, los Estados miembros remiten a la Comisión "declaraciones de capturas falsas", por lo que defendió la necesidad de reforzar el sistema de control en la UE porque "el actual sistema es tan ineficiente que pone en peligro nuestros esfuerzos para alcanzar la explotación y gestión a largo plazo de las reservas sostenibles".
Aseguró que las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas no sólo guardan relación con "la baja calidad de los datos suministrados por los Estados miembros" sino que también ha identificado "agujeros en los sistemas de control de los barcos y el nivel medio de sanciones, demasiado bajo para disuadir a potenciales infractores".
Por ello, explicó que la Comisión presentará a principios de octubre un nuevo sistema que controle toda la cadena de distribución, desde la pesca hasta que el momento en que el producto llega al consumidor. Se centrará no sólo en identificar las capturas y entradas a puertos europeos, sino que también impulsará inspecciones en mercados y de las importaciones.
