SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La armadora Transpesca, propietaria de los tres buques apresados por Noruega acusados de pesca ilegal, se mostró hoy satisfecha de que el Gobierno español estudie abrir un expediente a estos arrastreros por considerar que supondría que España asume el caso y podría significar su liberación.
Si el Gobierno central reclama a Noruega las actas de inspección para ser tramitadas por el Estado español, Transpesca entiende que se cerraría el caso en el país escandinavo con la consecuente liberación de los barcos y el retorno de los mismos a España, junto con las tripulaciones y la carga.
La casa armadora dedujo que "de ningún modo" podría haber dos causas abiertas en ambos países ya que sería de "dudosa legalidad" y recordó que no podría defenderse ya que todos los documentos de los barcos obran en poder de las autoridades noruegas.
Por otra parte, aclaró que "en ningún caso" puede existir pesca ilegal como afirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que los barcos están en posesión tanto de licencias y cuotas de pesca como de un Permiso Temporal de Pesca (PTP) que cada año proporciona la Dirección General de Recursos Marinos del mencionado Ministerio, y que es necesario para poder acudir al caladero.
En cuanto a un exceso de pesca sobre la cuota asignada, Transpesca reiteró su postura de que con los datos policiales de la descarga en la mano estaría dentro de los baremos legales de la cuota otorgada. Por ello, la empresa invitó al MAPA a contrastar datos.
Transpesca relató que el mismo día que la armadora tuvo conocimiento de los datos de las descargas reales efectuadas por la Policía noruega, el pasado 25 de julio, en la vista oral celebrada en Tromsoe, los hizo públicos a través de un comunicado de prensa y jamás negó ni su existencia ni su contenido.
Lo que Transpesca sigue manteniendo es que estas diferencias constituyen, "en todo caso", una falta administrativa. Por ello, denunció las "desproporcionadas sanciones" propuestas por las autoridades noruegas, "hasta cien veces mayores que otras multas impuestas en casos similares ocurridos en este mismo caladero".
Ante la respuesta del Gobierno por la solicitud de un aval, Transpesca reconoció que "se sorprende" de que aluda en su negativa a infracciones cometidas contra la normativa pesquera de un tercer país "cuando todos los apresamientos fueron realizados en aguas internacionales".
Así, precisó que es ésta, precisamente, la base del conflicto entre Noruega y España sobre la jurisdicción que debe aplicarse sobre los buques españoles en las citadas aguas. "No se entiende si no la intervención de los ministerios de Asuntos Exteriores y Pesca y las protestas del Gobierno español por el apresamiento". estimó la empresa.
De este modo, Transpesca indicó que precisamente la postura del Estado español es el argumento para solicitar que el Estado asuma un aval que facilite el depósito de la fianza para permitir el retorno de los buques, carga y tripulaciones a España
Finalmente, la casa armadora precisó que, si bien es consciente de que presumiblemente haya múltiples contactos a escala diplomática entre España y Noruega para evaluar los términos de la futura relación pesquera entre ambos países, "estas soluciones sólo serían para el futuro".
Por ello, reclamó acciones y soluciones "inmediatas" para el actual problema de la empresa, ya que su "paciencia" en estos momentos tiene un "coste estimado de 3.000 euros diarios y pone en peligro el futuro laboral de 112 trabajadores".
