Encomia/Finanzas.- ICV quiere que el Gobierno limite los sueldos de los directivos de las entidades financieras

Actualizado: viernes, 31 octubre 2008 13:30

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, quiere que el Gobierno limite la retribución de los directivos de aquellos bancos, cajas de ahorro, fondos de inversión y otras instituciones financieras que reciban cualquier tipo de ayuda del "plan de rescate financiero" aprobado por el Gobierno.

Con esta intención, el parlamentario ecosocialista ha registrado una proposición no de ley que busca instar al Ejecutivo a incluir una disposición adicional en este sentido dentro del desarrollo reglamentario de los dos reales decretos convalidados por el Congreso el pasado 20 de noviembre por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y se destinan avales de hasta 100.000 millones de euros para las operaciones de las entidades.

En cualquier caso, el propio calendario parlamentario impide que esta iniciativa pueda ser debatida antes de que los reglamentos de los dos decretos, fruto de la negociación entre el Gobierno y el PP, estén finalizados.

En un comunicado, Herrera denunció que ambas normas "carecen de control democrático y garantías suficientes", y justifica su propuesta porque los bancos que acudan "al plan de rescate del sector financiero español van a gestionar fondos públicos".

Asimismo, señala que el "derrumbe del sistema financiero internacional" ha sacado a la luz los "privilegios" de los altos ejecutivos financieros, tanto por las "escandalosas" remuneraciones y las "opacas" opciones y bonos, como por las cláusulas que les aseguran indemnizaciones multimillonarias en caso de que abandonen su cargo, "todo ello sin rendir cuentas a nadie".

LA UE DEBE PONER LÍMITES.

Herrera admite la Unión Europea no tiene competencias para limitar los sueldos de los altos ejecutivos de la banca y el resto del sector financiero, pero sí para coordinar actuaciones a nivel nacional para garantizar un mayor control de los accionistas sobre el consejo de administración de la entidad y una política retributiva que ligue la contribución de cada ejecutivo a la marcha real de la compañía.

También aboga por un sistema de incentivos que premie los "éxitos a largo plazo", y no los beneficios inmediatos, así como por una "mayor atención" sobre los conflictos de intereses que pueden provocar algunos mecanismos, como las opciones de compra de acciones, en el caso de fusiones y alianzas.