España pide 290 millones a la UE para 2019 en el marco de régimen de las ayudas de frutas y hortalizas

Publicado: viernes, 1 febrero 2019 13:54

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado 290 millones de euros a la Comisión Europea (CE) para 2019 en el marco de régimen de las ayudas para el sector de las frutas y hortalizas.

En concreto, de esta cantidad, más de 28 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado lo que supone cerca del 10% del total.

Agricultura ha precisado que se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas. Según la experiencia de ejercicios pasados, la ayuda final se situará en el entorno del 80% y el 85% de la solicitada.

En la presente anualidad 2019, la solicitud de ayuda prevista se incrementa un 1% respecto a 2018 y un 17% respecto a la media de los cinco últimos años.

Las beneficiarias serán un total de 477 organizaciones de productores repartidas en 15 regiones, entre las que destacan Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Extremadura.

España es el segundo Estado miembro receptor de estas ayudas con el 25% del total de la Unión Europea y únicamente por detrás de Italia.

Este régimen de ayudas al sector de las frutas y hortalizas se establece en el Reglamento (UE) número 1308/2013 y se desarrolla normativamente en el Reglamento de Ejecución (UE) número 891/2017.

Consiste en que las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo, formado por la ayuda de la Unión Europea y por las contribuciones de las propias organizaciones de productores y sus miembros, tienen la posibilidad de acceder a ayudas para realizar diversas acciones.

Así, las organizaciones de productores se pueden beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del 50% de las acciones realizadas (el 60% en determinados casos) y costeadas con dicho fondo operativo, hasta el límite del 4,1% del valor de la producción comercializada de cada organización de productores, que se puede elevar al 4,6% para acciones de prevención y gestión de crisis.