El Gobierno concede 2 millones de euros en subvenciones a las asociaciones del Consejo de Consumidores
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno acordó hoy la puesta en marcha de una ventanilla única en la Audiencia Nacional para atender de forma "ágil y rápida" a los afectados, informó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo también ha aprobado un decreto por el que concede 2 millones de euros en subvenciones a las asociaciones que integran el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para el apoyo, asesoramiento y defensa de los afectados tras la intervención judicial de las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico que deseen utilizar la intermediación de estas asociaciones.
Por otro lado, De la Vega recordó el anuncio realizado ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, por el que los jubilados con las pensiones más bajas que tenían sus ahorros invertidos en las firmas intervenidas podrán recibir el complemento de mínimos del Estado.
La vicepresidenta subrayó que el Ejecutivo anunció varias medidas para ayudar a los afectados el pasado viernes y resaltó que "ya hay tres iniciativas concretas". Además, recordó que el proceso judicial "continúa abierto", e hizo un llamamiento a mantener la calma hasta que se conozcan el alcance real de la presunta estafa, las soluciones posibles, y los medios con que cuentan Forum Filatélico y Afinsa para hacer frente a sus compromisos.
SUBVENCIONES PARA ATENDER A LOS AFECTADOS.
La vicepresidenta señaló que el pasado 11 de mayo las asociaciones que forman parte del CCU, las diez más representativas a nivel nacional, adquirieron el compromiso de canalizar la asistencia a los afectados de forma gratuita. En esa misma reunión, el Ministerio de Sanidad y Consumo se comprometió a ofrecer todo el apoyo preciso a estas asociaciones para que pudieran desempeñar esta labor, ya que no contaban con los medios necesarios para hacer frente a un volumen de reclamaciones tan elevado como el que podía preverse dado el número de clientes de ambas empresas.
La subvención total asciende a 2 millones de euros, de los que 700.000 euros se destinarán a la financiación de los gastos de asesoramiento a los consumidores, (atención telefónica y personalizada a los afectados, gestión de documentación y asesoramiento), y su concesión se producirá tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado.
El resto del importe, 1,3 millones de euros, se destinará a la representación y defensa de los intereses y derechos de los afectados, y se distribuirá en función del número de perjudicados sobre los que las organizaciones asuman su representación. Las asociaciones deberán contar con un libro o registro contable específico para facilitar la adecuada justificación de todos los gastos.
Las organizaciones presentes en el CCU que van a resultar beneficiarias de las subvenciones son la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae); la Asociación General de Consumidores (Asgeco); la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu); la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop); la Unión de Consumidores de España (UCE); la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC); la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu); la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci); la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (Unae).
VENTANILLA ÚNICA.
De la Vega informó que el Ejecutivo también alcanzó un acuerdo para atender a los afectados de forma "ágil y rápida" mediante la puesta en marcha de una ventanilla única de atención a las personas perjudicadas.
Esta iniciativa permitirá canalizar y agilizar las actuaciones que los afectados decidan plantear en la Audiencia Nacional y que se deriven de procedimientos judiciales relacionados con la actividad de las citadas entidades mercantiles.
El Gobierno entiende que, ante los recientes acontecimientos relacionados con las decisiones judiciales adoptadas respecto a la actuación de dichas entidades, es previsible un incremento de la actividad procesal y, por tanto, se decide dar mayor apoyo a los afectados.
