BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sector inmobiliario catalán ha interpuesto un recurso administrativo contra la obligación impuesta en la ciudad de Barcelona de destinar un 30% de las nuevas grandes promociones a construir pisos sociales.
El recurso se ha presentado por la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
Estas patronales e institutos entienden que la legislación urbanística, ni la estatal, ni la catalana, habilitan al Ayuntamiento de Barcelona para regular esta materia.
Asimismo, aseguran que la medida atenta a las condiciones básicas del derecho a la propiedad de los propietarios del suelo, según informa la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona en un comunicado.
Según la cámara, las entidades consideran que esta modificación de la normativa, promovida por el Ayuntamiento y aprobada por la Subcomisión de Urbanismo con la Generalitat en diciembre, disminuiría el valor medio del suelo en un 26%.
Además, critican la "ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado y la propia inactividad en la materia del Gobierno municipal".
En su opinión, las tensiones que registra el ámbito de la vivienda "tienen por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente y en la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente".
Por ello, piden mejorar la capacidad de gestión y coordinación entre administraciones y también recursos económicos para estabilizar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda, y evitar una "continua reforma de la normativa, que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación".
