MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El transporte urbano y metropolitano considersa necesario que las aportaciones públicas anuales que reciben para prestar sus servicios se vinculen al crecimiento del PIB, al número de usuarios y a las nuevas exigencias medioambientales.
Se trata de alguna de las propuestas realizadas por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ante la eventual redacción de una Ley de Financiación del Transporte Público.
La asociación explicó estas reivindicaciones durante un debate público sobre la eventual ley con diputados de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
El debate tuvo lugar después de que a finales de septiembre de 2018 el Congreso aprobara con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PNV, una proposición no de ley por la que exigía al Ministerio de Fomento tener lista la Ley de Financiación del Transporte Público en el plazo de seis meses.
Según ATUC, en la actualidad, España es el único país europeo que no cuenta con una norma de este tipo, frente a países como Alemania o Francia, en los que lleva vigente alrededor de cuarenta años.
Para la asociación, los fondos públicos que cada año se destinan a sufragar los transportes públicos urbanos y metropolitanos tienen que condicionarse al número de usuarios, dado que mientras que los pasajeros crecen cada año, "las subvenciones permanecieron congeladas".
ATUC pide asimismo que se vinculen a las exigencias medioambientales que se van imponiendo para cumplir con los objetivos comunitarios.
En este sentido, la asociación considera que deben contar con recursos para acometer inversiones en la materia en el medio y largo plazo ante el actual contexto de restricciones al tráfico privado en las ciudades.
Con el impulso de una Ley de Financiación, el transporte público pretende evitar una "instrumentalización política de los fondos" que recibe y "garantizar un reparto equitativo y previsible de las ayudas", tal como aseguró durante el debate de este miércoles el presidente de ATUC, Miguel Ruiz.
En su opinión, es preciso "terminar con el uso arbitrario de los fondos públicos para el transporte y dotarlos de estabilidad suficiente para realizar inversiones a medio y largo plazo".
