MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para exigir que se constituya una comisión de investigación parlamentaria que analice los sobrecostes en las obras del AVE, particularmente de la línea Madrid-Barcelona, y que dirima las posibles responsabilidades políticas y técnico-administrativas que se hayan dado.
El pasado 20 de mayo el PP vetó en la Junta de Portavoces la inclusión en el orden del día del Pleno de la Cámara Baja de la solicitud de creación de una comisión parlamentaria de esta naturaleza planteada por IU-ICV y Compromís-Equo, alegando que el asunto está 'sub iudice'.
Ante esta decisión, la coalición de izquierdas ha decidido cambiar de estrategia y optar por la vía de la proposición no de ley, a pesar de que la mayoría absoluta de los 'populares' impedirá en cualquier caso que la iniciativa salga adelante, y de que incluso si fuera aprobada no conllevaría automáticamente la puesta en marcha de la comisión de investigación.
De hecho, la propia Mesa del Congreso deja claro que "la eventual aprobación de la iniciativa no implica la creación de la comisión sino que, en todo caso, la creación deberá realizarse por el cauce reglamentario establecido", razón por la que permite que sea debatida en Pleno, que es el objetivo último de la Izquierda Plural.
ANALIZAR POSIBLES IRREGULARIDADES
El grupo que lidera Cayo Lara plantea de esta forma que el Congreso apruebe "constituir, conforme al cauce reglamentario pertinente, una comisión de investigación que tenga por objeto dirimir las responsabilidades políticas y técnico-administrativas que se pudieran derivar de las presuntas irregularidades que se hayan producido en la construcción del AVE, en especial en la línea Madrid-Barcelona".
Y es que según un reciente informe del Tribunal de Cuentas la ejecución de este proyecto entre 2002 y la puesta en marcha de la línea tuvo un sobrecoste de más de 1.700 millones de euros (31,4%) "pese a que en el proceso de adjudicación de contratos se habían conseguido supuestos ahorros".
Una situación que también ha motivado una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por supuesta malversación de fondos públicos que ya ha provocado la detención de una decena de personas, incluyendo directivos de Adif.
Los sobrecostes se derivan tanto de los retrasos en las ejecuciones como de los constantes modificados, ampliaciones y suspensiones temporales de obra, derivadas "en buena parte de imprecisiones" de los proyectos.
MALAS PREVISIONES
A juicio de IU-ICV-CHA, esto pone de manifiesto que "no existieron medidas y procedimientos para efectuar una previsión mínimamente realista de los plazos y costes de ejecución ni se realizaron labores de investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar la utilización generalizada de las modificaciones y las suspensiones".
La coalición cree que tampoco se efectuaron previsiones "realistas" de los plazos necesarios para las expropiaciones ni hubo "mecanismos transparentes" para autorizar las prórrogas de los contratos y las obras complementarias.
"Es importante determinar en sede parlamentaria todas estas circunstancias, así como la identidad de los presuntos responsables y la cuantía de los perjuicios que se han provocado a los contribuyentes", añade la iniciativa.
Por último, defiende que sería "muy conveniente" analizar el modelo de transporte desarrollado en los últimos años, en el que la "apuesta desmedida" por la alta velocidad "a base de deuda pública y despilfarro" ha impedido desarrollar y mejorar la red de ferrocarril convencional, el cercanías y las mercancías.
