MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha lamentado este jueves que el Congreso ha aprobado este jueves una Ley de Cambio Climático y Transición Energética "descafeinada", mientras que Amigos de la Tierra considera que la norma "no impulsa la transformación ecológica y social que España necesita" y para SEO/BirdLife "llega una década tarde, pero es bienvenida".
La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha explicado a Europa Press que la ONG saluda "sin ninguna duda" la norma por ser "la más relevante desde el punto de vista ambiental y social" de la legislatura.
"Hoy estamos más cerca de poder exigir con la ley en la mano la acción climática que necesitamos para alcanzar la ambición necesaria para no ser el desierto de Europa", ha declarado, al tiempo que ha hecho especial mención a que se ha logrado que "el avance de las renovables sea responsable con la biodiversidad", lo que ha calificado de "buena noticia".
Tras la aprobación de la ley, Greenpeace ha afirmado que el texto del proyecto de ley "se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, hecho inadmisible".
No obstante, la organización ecologista sí reconoce algunas mejoras, como la prohibición de la minería de uranio, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.
"Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París", ha declarado el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez.
Ha destacado que, según el texto, "España apenas reduciría un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, tal y como aparece ya contemplado en el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)". Esta cifra se revisará al alza en 2023, periodo que está contemplado también en el PNIEC.
En este sentido, Greenpeace señala que este objetivo debería haberse elevado a al menos un 55% "para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 C, según establece el Acuerdo de París, ratificado por nuestro país". "El objetivo de cero emisiones netas debería haberse adelantado a 2040 en vez de 2050", ha subrayado.
Asimismo, Greenpeace considera "una cesión inadmisible ante el lobby de los combustibles fósiles" que se permita el uso "indiscriminado" de 'combustibles alternativos' en todo el sector transporte, "gracias a un cambio de última hora en el artículo 11 que nos aleja del 1,5 y abre la puerta a la promoción del gas fósil para el transporte por carretera".
La organización apoya el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión de la ley, pero lamenta que se retrase hasta 2040 la implementación de estas medidas, horizonte muy lejano de la necesaria fecha del 2028.
La ONG también lamenta que la ley tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que "perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial".
ASPECTOS QUE REFUERZAN LA LEY
Por otro lado, Greenpeace reconoce algunas mejoras durante su tramitación en el Congreso, como la ampliación del artículo 8 (artículo 8 bis), que incluye ahora la prohibición de las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio.
También que se refuerza la apuesta por la rehabilitación energética de edificios, incluyendo la gestión de la demanda, la promoción del autoconsumo y su orientación a fijar las medidas para la población más vulnerable.
Además, añade que "el hecho de que se contemplen medidas de gestión sostenible del medio terrestre y marino facilita el desarrollo de políticas positivas para el reto demográfico".
Por último, durante el proceso de tramitación también se ha incorporado una "tímida" mención sobre la necesidad de una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde, aspecto que, para la organización ecologista, "es uno de los pilares de la recuperación verde y justa y que se ha visto escasamente reflejada en el texto que se aprueba hoy con muchos condicionantes y sin realizar una apuesta valiente".
"Estamos en un momento crucial para que la recuperación del país pueda avanzar con una transición compatible con el 1,5. La lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen que estar en el centro de todas las políticas. Descarbonizar la economía española exige radicalidad política y ambición legislativa", ha concluido Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.
Por su parte, Amigos de la Tierra ha aplaudido la aprobación de la Ley, aunque ha lamentado que "no responda de manera ambiciosa al reto de transición ecológica y social al que España se enfrenta".
Así, la organización ha denunciado la "falta de ambición" en el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llamando a un mínimo del 55% para el año 2030 "como marca la ciencia y demanda la ciudadanía".
"La transición energética debe responder a la crisis ecológica impulsando la democratización de la energía a través de la participación ciudadana y no responder tan solo a las presiones de la industria", ha manifestado la organización, que apunta a que "se debe cerrar la puerta al gas, así como a cualquier otro combustible fósil, responsables de la emergencia climática".
"La falta de coherencia de políticas es una señal clara de que estamos dando palos de ciego en la transición ecológica que necesitamos. De poco sirve aprobar leyes si no hay coherencia entre ellas y si no dan respuestas a las causas de la crisis en las que nos encontramos. Necesitamos una Ley más ambiciosa, alineada con la ciencia, con la llamada de la ciudadanía y que impulse la transición ecológica y social que España necesita", ha concluido Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra.
