MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Eva Rodríguez, denunció hoy en rueda de prensa el "acoso", "los modos improcedentes, por autoritarios" y las "inspecciones desproporcionadas", que han sufrido los profesionales de las clínicas abortistas por parte de los inspectores de la Comunidad de Madrid.
"La sensación de persecución en Madrid no es nueva", señaló el vocal ACAI y ginecólogo de la clínica Tutor Médica, Santiago Barambio, a lo que la portavoz de la clínica abortista Isadora, Marisa Castro apuntó que "no hay sensación de persecución, hay una persecución objetiva".
Como muestra explicó que en las últimas semanas desde la Comunidad de Madrid se les ha requerido telefónicamente fotocopia del dictamen psiquiátrico de las mujeres intervenidas lo que, en su opinión, "conculcaría el derecho a la confidencialidad que está protegida por la Ley de Protección de Datos", así como también se les exigió que "con los restos abortivos se hiciera un informe certificado sobre qué feto iba en cada caja y a qué mujer correspondía cada resto".
"Esto es inédito y propio de la Comunidad de Madrid", afirmó a la vez que advirtió que "a la única persona que se le dará esta información es a la que obligue la ley, que es a un juez". Por supuesto, su intención es hacerle llegar al Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, sus inquietudes a través de su directora general de Calidad, Patricia Flores Cerdán, con la que se reúnen el próximo miércoles, día 23 de enero.
"En definitiva, nos gustaría saber el por qué de su abuso de poder y su intento de imponer valores morales e ideológicos por la fuerza, y por qué nos han convertido sin quererlo en parte de la lucha política de esta campaña electoral", añadió.
Aunque en los últimos días señaló que se ha producido un cambio en cuanto a la presión que se ejerce contra la clínica de Madrid, Castro no descarta que se produzcan algunas detenciones de sanitarios de la Clínica Isadora, única clínica en Madrid con una investigación abierta por posibles irregularidades en la retirada de los residuos.
No obstante, advirtió que "a día de hoy ningún sanitario de la clínica ha sido llamado a declarar, ni en calidad de testigo ni en calidad de imputado", sin embargo sí ha citado a declarar a 28 mujeres como testigos. "Y no entendemos muy bien que tienen que ver las mujeres con los residuos", afirmó.
Asimismo, sobre la denuncia interpuesta por 'La Vida Importa' a la clínica Isadora, explicó que "la ley en el supuesto I no pone límite de plazo para interrumpir un embarazo y que cuando corre riesgo la vida de la madre no hay límite de plazo". Además, indicó que la denuncia "aprovecha" un cambio de normativa de la Comunidad de Madrid que "no ha sido comunicado a nadie y que es único a toda España".
En cualquier caso, Castro quiso aclarar que "ninguna de las clínicas de España tira fetos a la basura, ni de ocho meses ni de tres semanas, porque hay normativas sanitarias que obligan a las clínicas a la custodia de residuos en cubos sanitarios y que están debidamente protegidos en una cadena de frío que son recogidas por empresas acreditadas por las administraciones competentes".
No obstante, para la asociación lo más importante es que "se preserve el derecho a la intimidad de las mujeres y el derecho a la confidencialidad de los historiales clínicos". En este sentido, el vocal ACAI y ginecólogo de la clínica Tutor Médica, Santiago Barambio, destacó que ésta situación ha descubierto una nueva forma de actuar contra la clínicas que es "el sistema judicial-policial".
ACCIÓNES LEGALES CONTRA LA CONSEJERÍA.
ACAI estudia emprender alguna acción judicial contra la Consejería de Sanidad de Madrid por lo contencioso-administrativo. Asimismo, el gabinete jurídico de la asociación actuará contra aquellos medios, asociaciones o personas individuales que hayan atentado contra el ejercicio de sus trabajadores, y se llevarán a cabo los recurso administrativos necesarios si en algún momento se produce una situación "abusiva" contra las mujeres que acuden a los centros o los profesionales impidiendo la prestación libre del interrupción del aborto.
En cualquier caso, Rodríguez admitió que la postura de la asociación es "beligerante" por tanto, "cuando se levante el secreto de sumario veremos cómo se ha desarrollado y actuaremos en función de eso", y, "si hay posibilidad de actuar judicialmente, lo haremos". En el mismo sentido, Castro señaló que su intención es buscar el "amparo" al Gobierno, al Fiscal del Madrid, al CGPJ y al defensor del Pueblo.
LEY de PLAZOS.
Asimismo, su presidenta afirmó que desde la ACAI "se continuará con el esfuerzo por modificar una ley que no atiende a la demanda social existente, apostando decididamente por una ley de plazos progresista, en el ambito de los países europeos que libera a las mujeres de tutela en cuanto a las decisiones de sus sexualidad y su reproducción".
Con lo cual es su intención mantener las reuniones necesarias con las fuerzas políticas durante el periodo electoral, o, en su caso, con el nuevo gobierno que surja tras los comicios. En este sentido, añadió que "en cuanto el salga el próximo Gobierno, nos pondremos a su servicio para cambiar la ley lo antes posible".
Por otra parte, destacaron su apoyo a los grupos y asociaciones de mujeres que se han autoinculpado, a la vez que agradecieron el la respuesta positiva que han recibido por parte de otros movimientos sociales, organizaciones, Ministerio, partidos políticos, y personas individuales.
Asimismo, afirmaron que en ningún caso se han planteado volver a realizar algún paro por parte de las clínicas, ya que "en estos momentos al no haber Parlamento no se puede cambiar la ley". Y, sobre futuras movilizaciones, Castro señaló que "ACAI siempre tendrá en cuenta los intereses de la mujer, por lo que cualquier acción que forme parte de la estrategia no perjudicará sus intereses".
EL ABORTO AFECTA A TODOS.
ACAI recordó que "la realidad del aborto afecta a todos", y destacó el legítimo derecho de la mujer a tener hijos, por tanto su esperanza es que "el debate abierto acabe en una reforma de ley capaz de abordar una demanda social de más de 100.000 mujeres anualmente en España".
Por otra parte, Rodríguez señaló que esperan que en el próximo Consejo Interterritorial se plantee este tema de manera que se garantice el acceso al aborto "en condiciones de calidad, equidad y cohesión en todo el territorio Español".