MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Autismo España ha denunciado en el Congreso de los Diputados que no existen datos en España sobre el número de personas afectadas por el trastorno de espectro autista y que la atención de este colectivo presenta enormes diferencias según la comunidad autónoma en la que resida.
Así lo ha denunciado el director gerente de esta organización, Jesús García, junto a la psicóloga Ruth Vidríales, durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad en la Cámara baja a petición del PSOE, donde han explicado la situación actual de las personas con autismo en España y las demandas de las entidades que las representan.
Según ha explicado Vidríales, en Europa el trastorno de espectro autista afecta a una persona de cada 150 personas, en Estados Unidos a una de cada 88 y ha subrayado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado este asunto como un problema que ha crecido en los últimos 20 años un 600 por cien a nivel poblacional.
El director gerente de Autismo España, que representan a unas 450.000 personas y a un millón de familias, ha subrayado que la atención especializada en España es "claramente insuficiente" y "desigual" entre las comunidades autónomas. En este sentido, ha destacado que el 50% de estas personas necesita atención las 24 horas del día.
"La demanda de los servicios especializados es muy alta, cuenta con largas listas de espero porque están saturados", ha advertido la psicóloga de la confederación, que ha explicado que las personas con espectro autista tiene más de un problema de salud mental a lo largo de su vida.
Por ello, estos responsables han pedido a los diputados de la Comisión de Discapacidad la puesta en marcha de la Estrategia Española del Espectro Autista, aprobada el pasado mes de mayo, que "tiene un desarrollo de 360 grados para atender a todos los afectados, pero hay que desarrollar las medidas de forma urgente".
Entre las demandas más urgentes de este colectivo está la detección detección temprana y el diagnóstico, que actualmente se sitúa entre los tres y los seis años, en función de la comunidad autónoma; apoyo especializado en el ámbito educativo; o una mayor sostenibilidad de los servicios de atención a estas personas y sus familias.
