VALENCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de nueve organizaciones ecologistas, ciudadanas y sindicales, tanto estatales como del ámbito de la Comunitat Valenciana y Castilla La Mancha, han elaborado una declaración conjunta en la que denuncian la "falta de voluntad política" por parte de la administración central y de las dos autonomías, que mantiene "paralizado" el nuevo Plan de la Cuenca del río Júcar, y en la que piden que "asuman sus responsabilidades para velar por el interés medioambiental y sostenible de esta cuenca".
Varios representantes de estas entidades, que están presentes en la Mesa de Participación del nuevo Plan, presentaron hoy en Valencia la declaración --firmada por Ecologistes en Acció Albacete y País Valencià, Associació per a la conservació dels ecosistemes de la Manchuela, Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró, Adena València, SEO Birdlife, Fundació Nova Cultura y CCOO--, en una rueda de prensa que se celebró de manera paralela a otra en la ciudad de Albacete, para mostrar su "preocupación" porque esta paralización implica "que se pare también el proceso de participación de las asociaciones ciudadanas".
La representante de Xúquer Viu, Gabriela Ferrer, explicó que la del Júcar es "la única demarcación hidrográfica de España donde aún no se ha hecho público el 'esquema de temas importantes', que es un preludio del borrador del Plan de Cuenca del Júcar, y que pone encima de la mesa las cuestiones claves para la planificación hidrológica, y esto implica que la Directiva Marco Europea del Agua no se está cumpliendo".
En este sentido, lamentó que la Administración estatal "lleve más de un año de retrasos con respecto a los plazos establecidos por la Directiva Marco del Agua, --que entró en vigor en toda la Unión Europea en el año 2000--. La razón de este incumplimiento, según Ferrer, se debe a que el Gobierno central "aún no ha definido" el ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Júcar, una demarcación intercomunitaria --que afecta a más de una autonomía--, "por lo que aún no está claro sobre qué se ha de planificar", subrayó.
A este respecto, Ferrer recordó que el Estado español tiene abierto un procedimiento de infracción desde el año 2005 por incumplir el artículo 3 de esta directiva europea --referente a la coordinación de disposiciones administrativas para decidir cuáles son las cuencas y las demarcaciones hidrográficas--. Además, la representante de Xúquer Viu criticó que la Generalitat Valenciana, "con competencia exclusiva en la planificación y gestión de las cuencas internas, aún no ha asumido estas competencias como sí han hecho otras autonomías como Andalucía o Cataluña", indicó.
Por otro lado, estimó que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha "quiere que se aplique una delimitación de cuencas que no responde a la definición de cuenca hidrográfica que establece la directiva europea". Por estas razones, la declaración firmada pide a las tres administraciones "que se pongan manos a la obra de forma urgente para cumplir con su responsabilidad, de acuerdo a lo que establece la directiva marco del agua, de obligado cumplimiento".
Por otra parte, el representante de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Francesc Larroca, lamentó que esta situación "puede redundar en la permanencia de situaciones abusivas en el uso de los recursos hídricos, pues con el actual plan sigue habiendo actuaciones que provocan el deterioro ecológico de las masas de agua". Por su parte, otro representante de Xúquer Viu, Paco Sanz, alertó de que la revisión del plan no sólo implica factores medioambientales sino que "puede afectar a sectores productivos, como la agricultura ecológica, que depende de cómo se cumpla la directiva europea, pueden prosperar o quedarse en la nada".
MEDIDAS
Asimismo, Sanz explicó las "medidas efectivas" que las entidades participantes en la Mesa del nuevo plan han descrito en el manifiesto "para poder cumplir la normativa marco y no caer en errores del anterior plan, que es el que aún está en vigor". Entre ellas, destacó el establecimiento de caudales ecológicos "para conseguir un buen estado de las masas de agua subterránea"; por otro lado, el escrito pide la declaración de sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental y medidas para recuperar sus niveles de agua. Asimismo, solicitan la adecuación y garantía del suministro de "agua de boca", es decir, "teniendo en cuenta las necesidades reales de la población porque el agua es un patrimonio, no una mercancía", remarcaron.
Además, piden la revisión de los derechos concesionales de usos agrarios, especialmente de aquellos beneficiados por programas públicos de modernización de regadíos, "para que se ajusten a las necesidades reales". También piden en la declaración una participación "pública, real y efectiva" y "una transparencia en el acceso a toda la información relevante en cuestiones de planificación hidrológica, para que el nuevo plan de cuenca del Júcar no nazca viciado por la opacidad y la arbitrariedad", indicaron.