MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que modificar la ley para favorecer que, llegado el caso, la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pueda reanudar su actividad supondría una "peligrosidad tremenda" y anuncian "acciones legales".
Así, el portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha explicado a Europa Press que la orden ministerial de cese definitivo de explotación no supone ninguna sorpresa porque "era de cajón" y, de hecho, debía haberse dictado hacer diez días.
Sin embargo, ha valorado que en España "nadie" ha estado acostumbrado hasta la fecha a que un "proceso muy complejo" como el cierre de una central nuclear sea "algo tan alambicado" con órdenes ministeriales "a la medida" y que luego Nuclenor, titular de la planta burgalesa "ha desaprovechado".
Con ello, según recuerda el Ministerio que dirige José Manuel Soria ha "forzado" al Consejo de Seguridad Nuclear a tomar una decisión, emitiendo un informe para que Garoña pudiera pedir una prórroga de un año, que después, el Ministerio "tampoco ha utilizado".
En este sentido, ha acusado al Gobierno de realizar negociaciones entre bastidores con el 'lobby' nuclear que ha influido en la reforma del sector eléctrico.
A su juicio, hay que celebrar que la central "finalmente pare" porque mantenerla operativa es "un peligro", ya que hay "demasiados" elementos de la planta que están "en malas condiciones" por lo que futuras reparaciones serían "parches que no garantizan la seguridad".
En definitiva, considera que "la única vía que va a tener Garoña" es la de cumplir con la legislación y pedir un "nuevo permiso de explotación", y someterse a los procesos que esto conlleva. En este sentido, ha subrayado que "un cambio en la ley rebajando estas condiciones sería de una peligrosidad tremenda, porque se abriría la puerta a todo tipo de chanchullos". Por ello, ha insistido en que si Nuclenor quiere volver a operar Garoña debe volver a la ventanilla de salida. Sin embargo, ha añadido que el titular sabe que ese sería un proceso muy largo y costoso que incluiría nuevas averías, nuevos gastos de reparación e, incluso otros daños ambientales.
"Sería tan insensato que no tengo calificativos", ha concluido Castejón que este domingo participará en la marcha de Ecologistas en Acción contra Garoña que esperan que sea "la última" y a partir de la cual esperan proponer un plan alternativo para el valle de Tobalina.
ACCIONES LEGALES CONTRA LA PREVARICACIÓN
Por su parte, Greenpeace ha anunciado que iniciará las acciones legales oportunas en contra de cualquier medida que pueda evitar el cierre de la planta ya que, en su opinión, modificar las normas para permitir la "reapertura" es un acto "delictivo".
La ONG, que ha animado a reivindicar este domingo ante la Garoña su cierre definitivo, estima que con esta orden de cierre basada en "motivos económicos y no de seguridad" el Gobierno está favoreciendo los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de los ciudadanos, ya que ha obviado "todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear".
En este contexto, reclama "transparencia y legalidad" al Ejecutivo --cuya vicepresidenta ha anunciado "modificaciones normativas" para que la planta pueda volver a operar-- ya que se ha conocido que han comenzado estas modificaciones en un proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares.
En este sentido, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha advertido de que los actos administrativos que se dictan "a sabiendas de estar favoreciendo intereses particulares tienen un nombre que es el del delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal".
Por ello, recuerda al ministro Soria que debería saber que escribir normas que favorecen los intereses particulares de las empresas nucleares es "un delito grave" y más aún cuando es la sociedad quien asume sus riesgos.
Finalmente, la ONG añade que la orden ministerial dictada este viernes es "una prueba más de la connivencia existente entre el Gobierno y las grandes eléctricas en España y un caso más para el estudio de la Fiscalía General Anticorrupción".
