MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, dijo hoy que la reciente modificación de los artículos 154 y 268 del Código Civil que regula el tratamiento de los padres hacia los hijos, "no inhabilita a los padres a corregir a sus hijos".
Canalda en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press se refiría así a que la Ley mantiene la potestad de los padres de "corregir razonable y moderadamente" a sus hijos, pero incluye ahora que "con respeto a su integridad física y psicológica".
"Lo que hay que dejar claro es que el Código no limitaba a ningún padre a pegar una soberana paliza a sus hijos, igual que el hecho de añadir esa coletilla tampoco implica que un padre no esté autorizado a corregir a sus hijos", explicó.
En contra de lo dicho sobre que ese cambio legislativo elimina el "cachete", entendió que "no hay que sacar las cosas de quicio", pues "un azote cuando un chaval va meter un dedo en un enchufe probablemente sea la única solución".
Por otra parte, consideró "inapropiada" la Ley del Menor en cuanto a "delitos excepcionales", como los del "asesino de la catana", que mató a su familia o la muerte de Sandra Palo a manos de una pandilla de menores. A su juicio, quienes realizan estos delitos deben de ser condenados con penas "de verdad efectivas", pues mostró "serias dudas" de que se rehabiliten o reinserten en la sociedad. No obstante, Canalda quiso aclarar que esta norma funciona "muy bien para la generalidad de los casos".
A su juicio, la solución pasa por medidas educativas de carácter obligatorio, como ayudar a lavar la ropa en residencias o la limpieza de pintadas en la calle, que ahora existen con carácter voluntario. Rechazó así la posibilidad de bajar la edad de los menores para los casos de responsabilidad penal, que actualmente se sitúa en los 14 años, como se ha hecho en otros países.
Se mostró también preocupado por los nuevos casos de menores, incluso de 8 años y multireincidentes hasta unas 60 veces, y que en ocasiones, son los padres quienes les inducen a ello. Acusó por ello a los progenitores de hacer un "incorrecto ejercicio" de la patria potestad y añadió que éstos incurren también muchas veces en delito "de receptación", cuando los padres cogen lo que roban sus hijos.
Declaró que desde su institución están trabajando en ello, manteniendo reuniones con la Delegación del Gobierno en Madrid, y buscando alternativas para castigar estos actos, como retirar las ayudas de la Administración a dichas familias.
"Estamos acostumbrados a sobreproteger a nuestros hijos, porque como no tenemos tiempo, lo que hacemos es comprarles, les pagamos en especie", agregó. "Como no te dedico tiempo te compro el móvil", añadió.
MÓVIL E INTERNET
Precisamente, en cuanto a la utilización del teléfono móvil en clase, el Defensor del Menor criticó que ha recibido quejas de algún padre que acusa al colegio de "coartar" la libertad de comunicación de sus hijos. "A clase se va a atender, pero no a utilizar la PSP o a mandar un mensaje a los compañeros", por lo que aplaudió la medida aprobada por la Comunidad de Madrid de no dejar utilizarlo en las aulas.
También entendió necesario controlar a los menores cuando utilicen Internet, mirando las páginas digitales que han visitado, a través de una herramienta informática, o estableciendo filtros que impidan que los chavales acceder a contenidos inadecuados.
No obstante, consideró Internet como una "de las prioridades en la institución", puesto que "es una herramienta que iguala a los chavales" y creyó necesario explicar a los niños que no deben dar sus datos a través de la web, ni su edad, ni decir que están solos.