MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados aseguró hoy que fomentará que los afectados por sentencias condenatorias "lleven su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" si el Tribunal Constitucional aprueba la Ley de Violencia de Género y se aprueban sentencias a partir de la nueva legislación.
Portavoces de la Confederación aseguraron en declaraciones a Europa Press que esta asociación buscará "fórmulas para ayudar a los afectados a ir a Estrasburgo", así como que invitará "a los jueces que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad a que acudan" a esa instancia judicial.
Para la Confederación, la Ley contra la Violencia de Género "restringe los derechos de los ciudadanos" al juzgar "en función de la condición sexual" del acusado y de la víctima y no por el "resultado o la peligrosidad de la conducta". Para esta asociación, la ley "es irracional e irresponsable".
Según señaló, la ley "está resultando a todas luces ineficaz en la lucha contra la violencia sobre la mujer". En opinión de la Confederación, esta ley ha "introducido desorden" en la Administración de Justicia, ha "aumentado la conflictividad", produce "daños colaterales en miles de ciudadanos inocentes" y deja "desprotegidas" a "las auténticas víctimas de la violencia de género".
Asimismo, manifestó su "descontento" ante "las informaciones aparecidas que señalan que el Tribunal Constitucional prepara una resolución que, previsiblemente, respaldará la constitucionalidad de la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género", que debe dar respuesta a "la cuestión de inconstitucionalidad presentada en julio de 2005 ante dicho Tribunal por la juez de Murcia María Poza".
REFORMA ENCUBIERTA DE LA CONSTITUCIÓN
La ley supone "una reforma encubierta y fraudulenta de la Constitución" y "aparta a España del marco jurídico de la Europa comunitaria", aseguró. "No existe ninguna legislación europea que justifique, como lo hace la nuestra, la discriminación en el Derecho Penal fundada ni en el sexo ni en ninguna otra variable estática", afirmó la Confederación.
Esta asociación rechazó que se apele en la Ley al "mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja". El desvalor "sería aceptable si penaliza la conducta; no es aceptable, en cambio, cuando se plantea penalizar al individuo por el hecho de pertenecer a un sujeto colectivo (en este caso, además, de carácter genético)".
La asociación calificó de "aberración" considerar que "en todo hombre, por el hecho de ser hombre, hay una propensión de dominación y de violencia sobre la mujer", ya que la Ley "establece que cualquier conflicto entre un hombre y una mujer entre los cuales exista o haya existido relación sentimental obedece, 'per se', a un deseo de dominación del hombre sobre la mujer".
La Confederación citó un estudio del Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia que concluyó que "la violencia que ejercen las madres sobre los hijos es estadísticamente mucho más frecuente que la que ejercen los padres sobre la prole" y señaló que "no por eso se le ocurre a nadie criminalizar a las madres, ni aplicar un criterio discriminatorio en el tratamiento penal de estas conductas igualmente reprobables".
La ley "considera a las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, inferiores a los hombres en la relación de pareja", aseguró, "sin perjuicio de reconocer que siguen existiendo situaciones de discriminación y mujeres que siguen sufriendo situaciones de dominación machista".