28 de febrero de 2020
 
Actualizado 21/09/2018 13:14:51 CET

4.000 personas con discapacidad intelectual opositan para puestos de ordenanza

Oposiciones 2016 del Servicio Andaluz de Salud
SATSE - Archivo

   MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Cerca de 4.000 personas con discapacidad intelectual procedentes de toda España se examinarán este sábado en la Universidad Complutense de Madrid para 279 plazas de ordenanza (ayudante de gestión y servicios comunes) de la Administración General del Estado.

   La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estará presente en esta prueba para atender dudas y dar asistencia a estas personas y sus familiares ante cualquier dificultad que se pueda plantear.

   CSIF ha denunciado la "insuficiente" oferta de empleo público que además, "llega con retraso, dado que se acumulan puestos correspondientes a 2017 y 2018". Además, denuncian "situaciones de discriminación" a estas personas una vez que acceden a su puesto de trabajo.

   Según señala el sindicato, las personas con discapacidad "tienen problemas para adaptarse a su puesto que, por otra parte, en muchas ocasiones está alejado de su residencia habitual".

   Por ello, reclama que se desarrollen medidas como la adaptación del puesto, formación específica, movilidad (dando preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad), promover el teletrabajo y el empleo con apoyo y revisar de manera periódica la discapacidad para adaptar su labor al posible agravamiento de su situación.

   "Tenemos que atender la discapacidad a lo largo de toda la carrera profesional. No puede ser que las administraciones reserven un porcentaje en sus oposiciones para este tipo de personas y que después se olvide de ellas", ha indicado el portavoz de CSIF, José Manuel Couso.

   Asimismo, considera que se deben adoptar nuevas medidas como implementar la reducción de jornada laboral sin merma retributiva para las personas que acrediten un grado importante de discapacidad, así como el adelanto de la edad de jubilación en el colectivo de funcionarios.

   En concreto, piden que la jubilación se adelante a los 52 años para situaciones de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, y a los 56 para la discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento en las que concurra una reducción de la esperanza de vida, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.

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