MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El número de casos de violencia contra las mujeres en Filipinas ha aumentado un 17 por ciento desde 2006, de acuerdo con un informe realizado por el Centro de Protección de Mujeres y Niños, perteneciente a la Policía nacional de este país, que añade que, durante el primer semestre de 2008, registró al menos 3.228 casos de violencia contra mujeres.
El abuso cometido por un esposo o pareja supone ahora la principal violación cometida contra las mujeres, con un total de 1.398 casos denunciados durante los dos primeros trimestres de 2008, lo que representa más de un 40 por ciento de todo tipo de violencia registrada durante este período, aunque esto podría ser sólo la punta del iceberg, de acuerdo con expertos, según informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
Parte del problema está en el marco legal. En 2004 fue aprobada la Ley de Violencia contra las Mujeres y los Niños que, además del abuso físico, cubre también el abuso verbal, psicológico y económico. También identifica a los culpables como alguien con quien una mujer tiene una relación íntima, no sólo un cónyuge.
Lo más importante de esta ley es que hace que el abuso físico sea un acto criminal castigado con la ley, y da poder a las mujeres para que puedan romper su silencio. De acuerdo con la Policía, los casos de abusos denunciados se han incremento desde los 218 en 2004, a los 2.387 en 2007, un incremento que se atribuye a una mayor toma de conciencia de la ley.
Una de las principales disposiciones de la ley es la Orden de Protección Barangay, similar a una orden restrictiva, para salvaguardar a las mujeres de un daño mayor. Así, a los 'barangays', la menor unidad de gobierno local en Filipinas, pueden publicar y llevar a cabo estas órdenes para proporcionar una base de ayuda en la comunidad que es de fácil acceso.
Sin embargo, este hecho en realidad, es precisamente lo que hace difícil la implantación y la evaluación. "Se estima que hay 41.000 barangays en Filipinas, lo que supone un desafío logístico para el Gobierno entrenar a personal sobre las normas legales y regulaciones, así como evaluar su implantación", declaró la coordinadora del programa de mujeres de la ONG Saligan, Irish Aguilar.
En muchos barangays, los sucesos de violencia doméstica se atribuyen a pelas matrimoniales. Bajo el Acta de Violencia, a los 'barangays' no se les permite mediar entre un marido y una mujer, pero debido a una falta de conciencia sobre las disposiciones de la misma, a menudo animan la reconciliación.
MUCHOS CASOS NO LLEGAN AL TRIBUNAL
Aunque los casos se denuncian, no muchos llegan al tribunal. Muchas mujeres no desean ver al padre de sus hijos en prisión, por miedo al estiga o porque no pueden permitirse perder a la única persona de la familia que puede llevar comida a casa.
Pero incluso una anulación del matrimonio, ya que el divorcio es ilegal en Filipinas, puede llevar años y ser muy costoso. "El divorcio no es una alternativa y no es la solución para terminar con la violencia doméstica. Ésta requiere una rehabilitación social total para cambiar la forma en la que la gente tolera los abusos", declaró la presidenta de política de desarrollo de la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina, Mary Alice Rosero.
Cuatro años después de la implantación del acta, no ha habido condenas. "Llevó trece años que la ley fuera aprobada", manifestó la directora ejecutiva de una ONG, Anna Leah Sarabia, cuyo equipo entrena a funcionarios de los barangays sobre las disposiciones de la ley y las regulaciones para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales. "Nunca caímos en la ilusión de que una ley cambiaría la vida de las mujeres, pero esperábamos que el mandato del Gobierno para proteger a las mujeres del abuso fuera confirmada e implantada adecuadamente", añadió.