Vox lleva al Congreso una proposición de ley para incluir la "perspectiva de familia" en las normas del Gobierno

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el Gobierno esté obligado a incluir en la elaboración de todas sus normas el análisis del impacto sobre la familia en la correspondiente Memoria de Análisis de Impacto Normativo, como ocurre con la perspectiva de género o la medioambiental, que, a su juicio, "deberían, respectivamente, suprimirse y modificarse". En concreto, propone la modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

La iniciativa de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la institución de la familia "cumple una relevante función social: contribuye a la supervivencia demográfica; es el entorno natural de desarrollo afectivo, físico e intelectual de los hijos y la primera escuela de aprendizaje de la vida; es el contexto natural donde se cuida y se protege a los más vulnerables; es la fuente de la que procede la mayor aportación, en términos de capital humano, a la sociedad".

También justifica que se atienda al impacto explícito o implícito que las decisiones normativas tienen en el ámbito familiar por el papel "esencial" y "transversal" que "la familia desempeña en la articulación, cohesión y bienestar social y su trascendencia como célula original de la vida social y agente económico primordial".

Respecto al "impacto de género", la formación de Santiago Abascal precisa que se trata de un concepto "engañoso" que "bebe directamente de la ideología de género; una metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo basada en el enfrentamiento entre hombres y mujeres". En esta línea, indica que es "una ideología desconectada de la realidad del hombre y de la mujer, negadora de la condición básica del ser humano y que debe, en consecuencia, ser erradicada del ordenamiento jurídico".

En cuanto al "impacto por razón de cambio climático", apunta que sería "procedente" sustituirlo por "una evaluación de la trascendencia que las futuras normas puedan tener en el clima y el medio natural, que habrá de ser apreciada únicamente con arreglo a criterios de racionalidad y evidencia científica, para la consecución del bien común de España".