Subdelegación dice que Javier, hijo de bolivianos residente en Cádiz, "no es español" y que su madre es "ilegal"

CÁDIZ 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de Cádiz aclaró hoy que Javier, el niño de corta edad hijo de padres bolivianos residentes en Cádiz "de manera ilegal", no tiene nacionalidad española, sino "una ficción de protección" que concede la Unión Europea a la infancia y añadió que su madre, Brenda A., también se encuentra en España "de manera ilegal", lo que imposibilita la retirada de la orden de expulsión de su marido y la concesión de la reagrupación familiar.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron a Europa Press que la legislación impide la reagrupación familiar de personas que se encuentran en situación ilegal en un país y añadió que Wilfredo, el cabeza de familia expulsado, está expulsado "conforme a la normativa" y, por tanto, tampoco se puede retirar esa orden. En este sentido, añadió que Wilfredo había sido detenido "año y medio antes" por estancia ilegal en el país y, en todo ese tiempo, "no presentaron ningún recurso judicial ni administrativo".

Según dijo, este asunto se está tratando desde hace aproximadamente ocho meses, en los que se realizaron las "consultas pertinentes a la Dirección General de Migración". Así, en un primer momento, la familia solicitó la reagrupación familiar, estableciéndose como requisito que, pasado el tiempo de expulsión, Wilfredo podría regresar con un contrato de trabajo estable. Sin embargo, iniciaron este procedimiento "omitiendo" que la madre también se encontraba en situación ilegal en España, algo que se descubrió al iniciar este expediente.

BOLIVIA NO RECONOCE A JAVIER COMO ESPAÑOL.

En cuanto a la documentación del menor, las mismas fuentes incidieron en que se trata de una "ficción de protección" que se concede en la UE a "los muy menores" para que tengan garantizado, al menos, el derecho a la asistencia sanitaria. Así, por ejemplo, en España se entrega un carné de identidad y en Francia la carta de identidad.

Además, recalcó que la madre se encuentra en situación irregular y que su no expulsión del país se justifica por la corta edad de Javier. Además, aclaró que la posesión de esa ficción de protección es "diferente de la obtención de la nacionalidad" y no implica que vaya a obtenerla en el futuro ya que, según dijo, entre otras cosas "Bolivia no reconoce que ningún hijo de bolivianos nacido en otro territorio deje de ser boliviano".

Por último, hicieron referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que aluden los afectados según la cual no se puede expulsar del país a los padres de niños españoles. En este sentido, aseguró que todas esas sentencias son anteriores al proceso de regularización de extranjeros. Además, según la Subdelegación del Gobierno, Javier no es español y sus familiares no se encuentran en España legalmente.

Por su parte, la APDH-A defiende que "lo único" que pide es "humanidad" y que se anule la orden de expulsión. Asimismo, señalaron que "se trata de un niño español, nacido en Algeciras (Cádiz)" y que "los estados están obligados a la protección de todos los menores". Además, manifestó que tras ponerse en contacto con del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, incluso le buscaron un contrato laboral para que el padre del niño pueda volver a España, aunque "finalmente la Subdelegación del Gobierno no afloja y la respuesta fue que no".