MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de juristas, académicos y personalidades conocidas se han adherido a un manifiesto lanzado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para reclamar al Gobierno de España que ponga fin de forma "inmediata" a las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera, práctica conocida como 'devoluciones en caliente'.
Entre los firmantes, figura la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el exministro socialista y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar; la exministra socialista Matilde Fernández Sanz, o la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.
El documento señala "la inconstitucionalidad" de estas devoluciones, pese "la decepcionante" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que, según remarca, "no puede suponer una excusa para no desarrollar una política migratoria y de asilo garantista".
El pasado día 13 de febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, por unanimidad, que España no había vulnerado los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos al entregar a las autoridades marroquíes a dos personas de origen subsahariano que habían saltado la valla de Melilla. El tribunal había condenado a España en octubre de 2017, alegando que sí había vulnerado los derechos humanos, si bien cambió de criterio.
Las 'devoluciones en caliente'', previstas la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad por varios grupos parlamentarios, entre ellos el socialista, según recuerda CEAR.
"Estas prácticas son contrarias a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 33 recoge el principio de no devolución, por el que ningún Estado podrá expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida e integridad física corra peligro", argumenta la organización.
Según remarca, las devoluciones, como vía de hecho sin procedimiento y sin las debidas garantías y salvaguardas procesales, privan a las personas necesitadas de protección internacional del acceso al derecho de asilo, "debido a que la actuación material de la Administración se efectúa sin un acto previo que la legitime".
Desde CEAR insistir en que "no existe una obligación de que el Tribunal Constitucional haga suyos" los argumentos del Tribunal de Estrasburgo, "por lo que no existe impedimento para que pueda declarar estas prácticas inconstitucionales" por vulnerar varios artículos de la Constitución, tal y como se argumentó en el recurso de inconstitucionalidad.
"El Gobierno está legitimado para poner fin a estas prácticas, aunque el Alto Tribunal finalmente las declarase constitucionales, ya que el artículo 97 de la Constitución le asigna la dirección de 'política interior y exterior'", sostiene, recordando que de esta manera, el actual Gobierno "sería coherente con lo argumentado en el recurso de inconstitucionalidad y con sus compromisos electorales".
Por este motivo, CEAR y los firmantes apelan a las palabras del actual presidente del Gobierno en 2017. "Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente".
En este contexto, la organización y los firmantes piden la presentación de un Proyecto de Ley en el que se pueda traducir a términos jurídicos lo prometido políticamente contra las devoluciones 'en caliente'.
