MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a Bruselas que tenga en cuenta los acuerdos y tratados internacionales "que establecen unos baremos mínimos sobre el respeto de los Derechos Humanos", a la hora de fijar el texto final de la Directiva de Retorno para inmigrantes.
Así lo explicó hoy en rueda de prensa el presidente de la Subcomisión de Extranjería de la CGAE, Pascual Aguelo, que compareció acompañado por el presidente, Carlos Carnicer y el representante Especial en España de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Manuel Pombo, con quien el Consejo ha firmado un convenio de colaboración.
En virtud del acuerdo, ambas entidades impulsarán durante los próximos cuatro años, "actividades formativas y de intercambio de experiencias, orientadas a los abogados" colegiados por las distintas instituciones.
A lo largo de la comparecencia, Carnicer manifestó su descontento con la política común de inmigración y su extrañeza porque el Gobierno haya apoyado la Directiva de Retorno, teniendo en cuenta la "cultura jurídica" española y "los servicios de asesoramiento que también nacieron en España y son la envidia de media Europa".
Sobre el contenido en sí de la medida, el responsable de la Abogacía señaló que los inmigrantes "no pueden ser considerados delincuentes" y por tanto, "no se les puede aplicar el concepto de pena ni el de prisión", ingresándoles en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que a su juicio, son "auténticas cárceles".
Carnicer denunció además, que "los retornos son verdaderas expulsiones y como tales, son medidas sancionadoras y por ello hay que dotarles de asesoramiento legal" y recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 establece la libre circulación de personas.