MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó hoy que el Gobierno "no puede estar satisfecho" con la Ley Integral contra la Violencia de Género mientras muera una sola mujer por este motivo.
Aído presentó hoy en el Consejo de Ministros un informe de evaluación tras los tres años de la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, y de la que dijo que "está cumpliendo los objetivos par los que fue promulgada ya que hay más denuncias, más mujeres logran salir de la espiral de la violencia, hay más protección, más asistenta social y más conciencia ciudadana". Sin embargo, reconoció que los datos del informe "arrojan la necesidad de seguir trabajando e impulsando más medidas".
Asimismo, destacó la "intensa labor" desarrollada para garantizar la aplicación de la Ley Integral y citó, entre otros avances, que esta problemática se trató en 63 Consejos de Ministros, o que se convocaron más de 20 conferencias y reuniones sectoriales con las Comunidades Autónomas, en las que se ha abordado el asunto de manera monográfica.
Para la ministra de Igualdad, tres años "es un tiempo demasiado corto para hacer una valoración del impacto de la Ley debido a la complejidad del problema al que pretende hacer frente". En este sentido, reiteró que "queda mucho por hacer" y que la Ley "es el mejor instrumento para seguir avanzando".
Entre los datos del informe, Aído destacó que hay un mayor porcentaje de denuncias, el aumento de 2002 a 2006 se cifran en el 72.1%. Otro dato es el incremento de las órdenes de protección, alcanzando el 89,6 de todas las mujeres que las han solicitado. Actualmente, cerca de 95.000 mujeres se encuentran con algún tipo de medida dirigida a garantizar su seguridad.
También han aumentado el número de policías y guardias civiles especializados y, según anunció la ministra, esta unidad alcanzará la cifra de 1848 agentes. Por otra parte, el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer asciende a 458, de los que 366 tienen carácter compatible y 92 de carácter exclusivo.
La cifra de sentencias asciende a 89.545, de las que 64.346 fueron condenatorias. En lo que respecta a penas, se han establecido más de 300.000 penas contra los agresores, entre las que se encuentran 53.282 condenas de prisión.
A pesar de estos datos, Aído apostó por mantener "una actitud crítica" ante la Ley y consideró "necesaria" una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. En este sentido, apuntó que la Conferencia de Presidentes, que se celebrará en septiembre, "tiene que suponer una nuevo paso conjunto en la lucha contra esta lacra social".
