NUEVA YORK, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha pedido al Consejo de Seguridad en un informe que se impongan sanciones a los Ejércitos y grupos armados que utilizan a niños soldados en al menos una decena de países en todo el mundo.
El reclutamiento de niños en los conflictos armados ocurre principalmente en naciones africanas y asiáticas, desde la República Democrática del Congo y Uganda hasta Birmania y Sri Lanka, indica el informe.
Los responsables suelen ser grupos rebeldes, pero también están incluidas algunas de las fuerzas gubernamentales de países como Chad, Somalia y Sudán, agregó Ban. Además, algunos son culpables de asesinar y abusar sexualmente de los menores.
El Consejo de Seguridad debería considerar penalizar a los responsables prohibiendo la ayuda militar y el comercio de armas e imponiendo restricciones financieras y de viaje a sus líderes, indicó el secretario general de la ONU. Las violaciones contra niños en conflicto deberían ser además remitidas al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, añadió.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó el año pasado que existen cerca de 250.000 niños soldado en todo el mundo, aunque según otros expertos, la información es tan vaga que el número es imposible de determinar.
Además, el informe de Ban indica varios precedentes en los últimos de castigos por crímenes contra la infancia. Uno de los ejemplos es el de los cargos del TPI contra Thomas Lubanga Dyilo, líder de una de las facciones congoleñas, por obligar a niños a hacer el servicio militar.
El Tribunal también decretó ordenes de arresto contra cinco importantes miembros del Ejército de Resistencia del Señor, de Uganda, por cargos entre los que se incluyen el usar a niños en los combates. Aun así, los Gobiernos "deben comenzar pronto a iniciar acusaciones apropiadas a nivel nacional por crímenes graves contra menores", aseguró Ban.
Además, instó al Consejo de Seguridad a que aborde el tema de las bombas de racimo y pidió un "instrumento obligatorio que prohíba su uso, desarrollo, producción, almacenamiento y transferencias de bombas de racimo, que causan un daño inaceptable a los civiles".
