MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció este jueves en la primera comisión parlamentaria de la Legislatura que el próximo mes el Consejo Territorial decidirá sobre dos aspectos "importantes" para la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia: el copago por parte de los beneficiarios de los servicios y la acreditación de centros, servicios y entidades que actúan en el ámbito de la atención a la dependencia.
La ministra aseguró, además, que impulsará un análisis del funcionamiento de la Ley de Dependencia junto a las comunidades autónomas, con independencia de la evaluación que la norma establece para dentro de dos años. Asimismo, encargará una análisis del Sistema Informático de Atención a la Dependencia (SIAAD), debido a que algunas comunidades han detectado problemas de coordinación entre los distintos sistemas de gestión.
La ministra subrayó que con estas medidas se pretende "avanzar" en la implantación de la Ley de Dependencia de forma coordinada con las comunidades autónomas. Sin embargo, reconoció las "dificultades" que tiene la norma, al tratarse de un proyecto "ambicioso y "complejo", para el que "se exige el acuerdo permanente de las distintas administraciones".
Según anunció, hasta comienzos del mes de mayo, han sido 374.000 los ciudadanos los que ya han solicitado la valoración desde que la norma entró en vigor, y 240.683 los que han sido reconocidos como beneficiarios.
También en el ámbito social, el ministerio comenzará "en breve" los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2011. Para ello, se contará con la colaboración de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ONGs y otros interlocutores sociales.
DESARROLLO "FARRAGOSO" DE LA LEY
Por su parte, la portavoz de Política Social del Grupo Popular, Lourdes Méndez, exigió a la ministra que sea "seria y coherente" en cuanto al desarrollo normativo de la Ley de Dependencia, que, a su juicio, es "incompleto, farragoso y costoso". Asimismo, denunció que las políticas familiares "se han reducido" con la incorporación a este nuevo ministerio.
La portavoz 'popular' solicitó a Cabrera "mayores medidas de conciliación" y criticó que las líneas anunciadas hoy por la responsable ministerial "no abordan planes infantiles --maltrato, abusos, delincuencia y abortos-- ni de mayores" y que, de estos últimos, sólo mencionara "la ampliación de los programas de viajes para mayores de 65 años".
Por su parte, el portavoz de Política Social de CiU, Carles Campuzano, manifestó su "escepticismo" ante los programas sociales del Ejecutivo y criticó la "invasión competencial del Gobierno a las comunidades autónomas", asegurando que el Estado posee la "idea perversa de ser el único que puede garantizar la igualdad efectiva de los ciudadanos y que son las comunidades las que lo impiden".
Asimismo, Campuzano adelantó que su grupo va a plantearle a la ministra una interpelación urgente la semana que viene para que "explique" el desarrollo en materia de financiación de la Ley de Dependencia. Por último, exigió que para la política social sea el Estado el que atienda directamente las necesidades sociales y que no se derive esta responsabilidad a las ONG.
VALORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
En la misma línea, el diputado del PNV Esteban Bravo, aseguró que la Ley de Dependencia ha generado "demasiadas expectativas en la población", lo que, a su juicio, "va a generar gran frustración" debido a la "lentitud" en su desarrollo. Asimismo, pidió a la ministra que "no olvide" incluir en el proceso de valoración de la dependencia a las personas con discapacidad intelectual y a aquellas con discapacidad mental.
El diputado de ERC, Joan Tardà reclamó "mayor gasto" para afrontar la situación de pobreza del "19 por ciento de la población catalana"; el reconocimiento de la pensión de viudedad de las parejas de hecho; y la revisión del marco financiero de la Ley de Dependencia "porque las expectativas se han disparado".
Por último, respecto a esta norma, la portavoz de BNG Olaia Fernández Davila calificó el desarrollo de "lento e ineficaz" debido al "retraso en a la transferencia de fondos", culpando al Ejecutivo de otorgar a las comunidades la "responsabilidad desde el punto de vista financiero".
