Actualizado 19/12/2008 16:35

Consejo.- El Gobierno confía en que la reforma de la Ley de Extranjería llegue al Congreso antes del mes de marzo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno confía en que la reforma de la Ley de Extranjería pueda llegar al Congreso de los Diputados antes del mes de marzo, según explicó hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto de modificación del texto para su remisión a los órganos preceptivos correspondientes.

En rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro explicó que el Ejecutivo tiene la "confianza y casi seguridad de que habrá una mayoría de fuerzas políticas" que respaldarán la iniciativa en el Congreso por tratarse de una iniciativa "necesaria e imprescindible para Europa y para España".

Esta reforma que para el ministro es "inaplazable", fue anunciada poco después de su toma de posesión en el cargo, motivada por la necesidad de transponer las directivas europeas aprobadas sobre extranjería y movilidad de estudiantes e investigadores en el espacio común; así como acatar las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen a los inmigrantes en situación irregular derechos de asociación, reunión y sindicación.

Asimismo, la modificación va encaminada a "perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada", "favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las administraciones encargadas", "aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular" y "construir el acceso escalonado a otros derechos a partir de la residencia legal que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración", tal como explicó Corbacho tras el Consejo.

REAGRUPACIÓN FAMILIAR E INTERNAMIENTO

Así, el texto limita la reagrupación familiar de padres y abuelos, que actualmente pueden solicitar todos aquellos que han renovado la autorización inicial de residencia, y que quedará restringido a quienes lleven más de cinco años en el país y tengan, por tanto, autorización de residencia permanente.

Estas personas sólo podrán traer a sus familiares si aquellos tienen más de 65 años, están a su cargo y "existen razones que lo justifiquen" porque "la capacidad de acogida no es ilimitada". Sin embargo, los cónyuges que se reagrupen tendrán las "mismas condiciones" que sus reagrupantes y todos los mayores de 16 años recibirán el permiso de trabajo inicial.

En cuanto al periodo de internamiento de inmigrantes irregulares en espera de expulsión, Corbacho explicó que "el Gobierno y el Ministerio del Interior siempre barajaron ampliar el plazo hasta la cifra de 60 días, tiempo que se considera necesario para poder cumplir los trámites administrativos". Durante la elaboración del informe aprobado hoy, se incorporó la posibilidad de que el plazo pueda incrementarse en diez días, por orden judicial y en casos excepcionales.

INMIGRACIÓN Y MERCADO LABORAL

En el ámbito laboral, el texto elaborado por el Gobierno "vincula el inicio de la autorización de residencia y trabajo al contrato de trabajo efectivo y al alta en seguridad social, establece la concreción de la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y limita las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito geográfico, de acuerdo con los motivos que dieron lugar a su concesión".

Asimismo, crea un procedimiento específico de residencia a los efectos de investigación científica, regula la movilidad de los residentes de larga duración en otros países de la UE que quieran residir en España vinculándola a una actividad productiva y establece nuevas infracciones para quienes insten la autorización de un extranjero pero luego no lo contratan y para quienes simulen una relación laboral con el propósito de obtener una autorización.

En este sentido, también se propone un aumento de las sanciones económicas para todas las infracciones. Las infracciones leves, tendrán un máximo de 500 euros, las graves, un máximo de 10.000, y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000 euros.

Asimismo, el texto modifica el régimen de repatriación de los menores extranjeros no acompañados que lleguen irregularmente a España, "incluyendo la posibilidad de repatriación, de acuerdo con el interés superior del menor, con el fin de que puede ser acogido por las autoridades de protección de menores de su país".