MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las muertes y desapariciones en la zona fronteriza en el sur de Tailandia aún son una preocupación para los grupos defensores de los Derechos Humanos, con al menos 93 desapariciones forzadas entre 1992 y 2008, según el Working Group on Justice for Peace (WGJP).
El Gobierno tailandés reconoció este asunto el 18 de marzo de 2004, cuando el viceprimer ministro, Chavalit Yongchaiyudh, declaró al Parlamento que "los aldeanos (en las provincias fronterizas en el sur) se han quejado a mí, me han dicho que más de 100 personas han 'desaparecido'", informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
En agosto de 2005, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra nombró una subcomisión especial para recoger información sobre los desaparecidos. El procedimiento terminó con 23 casos entre 2002 y 2006, en los que son los únicos documentos oficiales de desapariciones forzadas reconocidas por el Gobierno.
Al referirse a los esfuerzos para establecer un centro para personas desaparecidas e investigar los casos, el director del Instituto de Ciencia Forense del Ministerio de Justicia tailandés, Pornthip Rojanasunan, señaló que "nadie presta atención a este asunto, por lo que no se avanza adecuadamente".
Pornthip añadió que el hecho de rastrear las pruebas en el sur se ha visto dificultado por la constante obstrucción del departamento de Policía y que, mientras la escala de desapariciones aún no se conoce, las pruebas sugieren que ésta es elevada.
El malestar en cinco provincias en el sur, cercanas a Malasia, comenzó con los ataques en enero de 2004 por los separatistas motivados por las diferencias religiosas, raciales y lingüísticas entre los musulmanes malasios, minoría en el país, y los budistas, mayoría.
En respuesta, el Gobierno movilizó fuerzas contra la insurgencia en el sur e impuso la ley marcial, que permitió la detención sin cargos durante siete días en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat. A partir de entonces, los sospechosos podían ser detenidos otros 30 días bajo un decreto de emergencia aprobado en 2005.
Un informe publicado en 2007 por la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) señaló que las fuerzas de seguridad tailandesas realizaron ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, tortura y desapariciones de musulmanes sospechosos de estar implicados en grupos separatistas.
Uno de los casos más relevantes es el del abogado Somchai Neelaphaijit, que desapareció en marzo de 2004. Un mes después de su secuestro, cinco oficiales de Policía fueron detenidos por vinculación con esta desaparición.
Fue raptado dos días después de presentar una queja ante las autoridades en la que manifestaba que sus clientes, jóvenes malayos y tailandeses que presuntamente formaban parte de un movimiento separatista en la frontera sur, habían sufrido tortura bajo detención policial.
El 12 de enero de 2006, uno de los oficiales fue encontrado culpable de "retener a la fuerza a Somchai contra su voluntad" y "cometer un asalto", mientras que los otros cuatro detenidos fueron encontrados no culpables. Ninguno fue acusado de secuestro o asesinato ya que no había una prueba física que probara una muerte.
El entonces primer ministro Thaksin manifestó en 2006 que "el departamento de Investigación Especial está trabajando en este caso y se estudian los cargos por asesinato. Sé que Somchai está muerto, las pruebas circunstanciales así lo indican, y hay más de cuatro oficiales gubernamentales implicados en la investigación".
CONVENCIONES INTERNACIONALES
Un miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia (NHCR), Wasan Panich, declaró que tanto esta organización como otros grupos han pedido al Gobierno que ratifique la Convención Internacional de la ONU para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzosa.
"Espero que el Gobierno de Tailandia ratifique o, al menos, firme esta convención", señaló un representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Homayoun Alizadeh, quien manifestó a IRIN que ratificar esta convención garantizaría que el Gobierno tailandés estuviera obligado a crear un marco legal para adaptar sus leyes nacionales a los niveles internacionales y realizar programas de entrenamiento para instituciones gubernamentales y no gubernamentales para asegurar que este marco legal se implanta.
