EpC.- Sindicatos acusan a Font de Mora de intentar "meter miedo" al profesorado y provocar una "crisis" en el sistema

VALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos del sector docente acusaron hoy al consejero de Educación del Gobierno valenciano, Alejandro Font de Mora, de "intentar meter el miedo en el cuerpo" a los profesores y de crear una situación "de crisis y de falta de democracia" en la comunidad educativa.

Las entidades se expresaban en estos términos sobre las declaraciones efectuadas hoy por el titular de Educación en las que advertía que aquellos que no cumplan la orden de Educación para la Ciudadanía (EpC) pueden ser suspendidos de empleo y sueldo e, incluso, sufrir de separación del servicio al tratarse de una falta tipificada como "muy grave".

Al respecto, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) reprochó a Font de Mora seguir la táctica de "meter el miedo en el cuerpo a los profesores y utilizar cabezas de turco" por lo que avanzaron que se está estudiando las convocatoria de nuevas movilizaciones en el sector para "contestar esta falta de democracia en los centros".

Asimismo, fuentes de la entidad aseguraron a Europa Press que STEPV ofrece sus servicio jurídicos a "todos los insumisos a la orden de la Consejería de Educación, que a nuestro juicio es ilegal porque contradice normas de rango superior".

En esta línea, desde CCOO lamentaron que "las decisiones de algunos claustros de cumplir lo que se determina en el Decreto sobre currículo de Secundaria, que es ni más ni menos que Educación para la Ciudadanía ha de impartirse como el resto de materias, son contestadas por el consejero con expresiones claramente amenazantes propias, desgraciadamente, de los momentos históricos de la dictadura franquista cuyos oficios terminaban con un 'Ordeno y mando'".

CCOO recordó a Font de Mora "que está en un Estado de Derecho y que él lo que puede ordenar a su director general de Personal es la apertura de expedientes disciplinarios, que cumplimentará un instructor y que concluirán con una sanción, si a ella hubiera lugar". "Y en caso de que hubiese sanción, de esta entenderían al final los magistrados del contencioso que sentenciarían sobre el hecho de si hubo o no falta", agregaron.

Igualmente, sostuvieron que "el hecho de que su partido, el PP, esté en contra de Educación para la Ciudadanía no le legitima para actuar en contra de las normas del Estado y que su Orden de Educación para la Ciudadanía es de inferior rango que el Decreto 112/2007 que él mismo firma junto con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, orden que entra en contradicción con lo que en ese Decreto se termina".

Añadieron que "las minorías de las que habla no son otras que aquella de la que él forma parte firmando Órdenes contrarias al ordenamiento jurídico estatal y que ha alterado gravemente la vida social valenciana".

Por ello, el sindicato reiteró su demanda a las juntas directivas de los IES y a sus claustros "para apliquen en su sentido literal la legalidad definida en el Decreto 112/2007 y que así lo hagan saber públicamente".

Para la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) es "necesario que vuelva el sosiego, la cordura en la Educación y la negociación en sus ámbitos propios, llegando a acuerdos". Para ello, consideró que el máximo responsable en el ámbito educativo valenciano "debe cambiar de postura y, en un ataque de cordura, retomar la negociación y el dialogo con la Comunidad Educativa y sus órganos de expresión más representativos". "La mejora y el bienestar del sistema educativo valenciano así lo exigen", aseveraron.

Del mismo modo, UGT instó al consejero a "comprender que su postura de indisciplina ante el Ministerio de Educación puede traer como consecuencia actos de defensa de los centros, basados en la legalidad vigente y sus proyectos educativos". "No se puede comprender que sus actuaciones inmersas en recursos legales se puedan apoyar en su libertad democrática y, sin embargo, los actos conscientes de los centros, expresados a través de sus departamentos o sus claustros, sean para él alteraciones sociales promovidas por minorías", argumentaron.

Al parecer de FETE, es "legítima la defensa que expresan los centros educativos ante la imposición unilateral de un modelo pedagógico o forma de organización de una materia curricular, que pertenece en exclusiva a la autonomía pedagógica de los centros escolares y de los profesores, responsables de concretar el currículo y la forma de su impartición, en uso de su libertad de expresión y de cátedra".

En esta línea, opinaron que "lo que efectivamente resulta una intromisión ilegítima, que desborda sus competencias legales, son las órdenes y resoluciones que ha dictado el consejero en materia de EpC, atribuyéndose unas competencias que no le corresponden y que paradójicamente no utiliza para otras materias y disciplinas, con lo que se evidencia el carácter político de sus acciones, que está llevando a un deterioro del sistema educativo valenciano".

Por todo ello, FETE-UGT PV exige a la Generalitat, y especialmente a su presidente, que "intervenga para la urgente derogación de las normativas que están causando graves trastornos en los centros y a toda la comunidad educativa y, a la vez, que obligue al consejero de Educación para que retome unos cauces de normalidad democrática".