España no ha firmado el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de personas que entra en vigor mañana

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que, a pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno español aún no ha firmado el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de personas que entrará en vigor mañana, y "sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional" contra este negocio de explotación que, según Save The Children, sólo en España afecta a 50.000 mujeres y niños.

"La trata con fines de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos que afecta cada año, según la Organización Internacional del Trabajo, a unas 2.500.000 personas en el mundo" y genera beneficios anuales por encima de los 7.000 millones de dólares, de modo que se sitúa entre los tres negocios ilícitos más lucrativos, junto a la venta de armas y el tráfico de drogas, recuerda la organización.

Según denuncia Amnistía, España, "uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa", sigue "sin tener datos fiables sobre la magnitud real de esta violación de derechos humanos", cuyas principales víctimas son "mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania".

En definitiva, se trata de "miles de personas extranjeras que son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos".

FALTA EL APOYO DE ESPAÑA

De los 47 Estados que componen el Consejo de Europa, 37 han firmado el Convenio y 13 de ellos lo han ratificado. Una decena, entre los que se encuentra España, aún no han suscrito este convenio que, para Amnistía, es un paso más en la lucha internacional contra la trata que se inició cuando la ONU aprobó en 2000 el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños que el Ejecutivo español firmó y ratificó en 2003.

Dos años después, el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que reconoció de forma explícita, igual que el texto precedente, "que la trata es una violación de los derechos humanos, incorporando así la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas al enfoque de lucha contra la criminalidad y control migratorio que los gobiernos han venido adoptando en la lucha contra la trata", recoge la ONG.

Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar el nuevo Convenio Europeo contra la Trata se incluye la formación de las autoridades para la correcta identificación de las víctimas y la asistencia de las mismas en su recuperación física, psicológica y de integración social, con independencia de que colaboren o no como testigos contra los autores del delito.

Asimismo, el Convenio compromete a los firmantes a "reconocer un periodo de reflexión a las víctimas, en ningún caso inferior a 30 días, que les permita recuperarse" y "conceder un permiso de residencia a la víctima, no sólo por colaboración con las autoridades, sino también por motivos humanitarios", entre otras iniciativas en materia de protección.