NUEVA YORK, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta militar birmana "aún restringe" los derechos fundamentales y reprime con violencia a los disidentes, veinte años después de la revuelta popular que se produjo en el país, según denunció hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
El 8 de agosto de 1988, millones de habitantes de Birmania tomaron las calles del país para pedir una democracia y poner fin al Gobierno militar, aunque el movimiento ya había comenzado en marzo de ese año. Al reprimir las manifestaciones, el Ejército abatió a cientos de manifestantes, estimándose en al menos 3.000 las personas muertas durante los siete meses que duraron las protestas.
La organización también denunció que no se ha producido aún una investigación ni una acusación de los miembros de las fuerzas de seguridad de Birmania involucrados en la represión de 1988. También asegura que muchos de los dirigentes actuales del país, como el 'número uno' de la Junta, Than Shwe, y el jefe del Ejército, general Maung Aye, ocupaban altos cargos militares en ese momento.
"Mientras el mundo celebra la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, la gente debería pararse y recordar las atrocidades cometidas en Birmania hace 20 años", afirmó la subdirectora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
La organización manifestó que la brutal represión de las manifestaciones pacíficas realizadas por activistas, monjes y las personas del pueblo birmano realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2007 fue un eco de la revuelta de 1988.
HRW asegura que las fuerzas de seguridad terminaron con la vida de al menos 30 manifestantes, y arrestaron a miles, muchos de los cuales fueron torturados y maltratados. El Ejército, según la organización, continúa realizando ofensivas militares contra la minoría étnica birmana, violando así las leyes internacionales humanitarias.
UN TERCIO DE LA POBLACIÓN, EN COMPLETA POBREZA
Un tercio de la población del país, que cuenta con 54 millones de habitantes, vive en completa pobreza. Tras la devastación del ciclón 'Nargis', que golpeó el sur del país el pasado mes de mayo de este año, la Junta militar se mostró más preocupada por la seguridad nacional que con las dificultades que atravesaba su pueblo, retrasando y bloqueando en un principio los esfuerzos internacionales por ayudar a las víctimas del ciclón.
HRW también denuncia que la Junta realizó en ese momento un referéndum constitucional que se realizó en medio de severas restricciones sobre el acceso a la información, una represión de los medios de comunicación y una casi total ausencia de libertad de expresión, reunión y asociación, además de las continuas detenciones de activistas políticos.
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Birmania, Tomas Ojea Quintana, visitó este país por primera vez. El enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, también visitará Birmania este mes de agosto para debatir las reformas políticas en el país.
HRW también pidió a los miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), a China y a India que presionen a la Junta birmana para que coopere con los enviados de la ONU y comience reformas básicas que mejore la situación de los Derechos Humanos en el país.
Entre estas reformas, la organización pide la libertad inmediata e incondicional de los 2.000 prisioneros políticos, el cese de las restricciones sobre las libertades de expresión, reunión y asociación y el cese de los ataques militares contra las minorías étnicas.
