HRW denuncia la situación de los civiles tamiles que huyen del conflicto y la prohibición sobre las ONG

NUEVA YORK, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sri Lanka debe dejar de detener de forma arbitraria a civiles que huyen del conflicto que se lleva a cabo en la región de Vanni, en el norte del país, y también debe permitir a las agencias humanitarias que puedan distribuir la ayuda humanitaria, según denuncia la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) en un informe.

El informe documenta la responsabilidad del Gobierno ceilandés por la situación apremiante de entre 230.000 y 300.000 desplazados que permanecen atrapados en la zona de conflicto de Vanni. Todos se enfrentan a una escasez grave de alimentos y otros productos básicos debido a las restricciones impuestas sobre la ayuda humanitaria, y las familias que han huido hacia las zonas controladas por el separatista Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) han sido detenidas y permanecen en condiciones de penuria en los campamentos controlados por el Ejército, según HRW.

"Cientos de miles de civiles se encuentran atrapados en una zona de guerra con ayuda limitada porque el Gobierno ordenó a los trabajadores de la ONU y a los voluntarios de otras organizaciones que se marcharan", aseguró el director para Asia de HRW, Brad Adams. "Además, la gente que intentó huir del conflicto ha terminado de forma indefinida en campamentos para prisioneros dirigidos por el Ejército", añadió.

El informe se basa en la investigación que realizó esta organización en el norte de Sri Lanka desde el pasado octubre hasta este mes de diciembre. Las entrevistas fueron realizadas con miembros de las agencias de la ONU y ONG, diplomáticos, líderes religiosos y civiles afectados por el conflicto, entre otros. Debido a las amplias restricciones del Gobierno, la zona del Vanni es inaccesible a los observadores independientes y a los periodistas.

El pasado septiembre, el Gobierno ordenó a todas las agencias de la ONU y ONG que retiraran su personal y detuvieran sus operaciones en esta zona, y sólo se permitió continuar con su trabajo al Comité Internacional de la Cruz Roja y a Cáritas. Según HRW, la distribución de alimentos permanece por debajo del 40 por ciento de los mínimos requeridos, miles de familias se encuentran en una situación de necesidad desesperada de materiales de refugio, y las instalaciones sanitarias son prácticamente inexistentes.

AMENAZA PARA LA SEGURIDAD

Desde marzo de este año, todos los civiles tamiles que han huido del Vanni, así como los refugiados tamiles que regresan de India por barco, han sido detenidos bajo la presunción de que suponen una amenaza para la seguridad, según este informe.

Cerca de 1.000 civiles permanecen detenidos de forma indefinida bajo seguridad militar en "centros de asistencia social" en los distritos de Mannar y Vavuniya. La política gubernamental viola los derechos básicos de los desplazados, ya que las condiciones en el campamento incluyen un refugio inadecuado, falta de instalaciones sanitarias y una ayuda humanitaria limitada.

"Los 'centros de asistencia social' del Gobierno para los civiles que huyen son prisiones ocultas", aseguró Adams. "La triste ironía es que muchos de los que están ahora detenidos por el Gobierno huían de los abusos del LTTE, esta detención política hiere a las personas que el Gobierno debería ayudar", añadió.

La investigación de HRW también señala que los esfuerzos gubernamentales para rellenar el vacío humanitario masivo causado por la expulsión de las agencias humanitarias han fracasado. La información disponible muestra que la población civil debe hacer frente a una escasez drástica de alimentos, refugio, agua y suministros sanitarios, entre otros.