MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy la represión del Gobierno chino contra la prensa extranjera y los defensores de los derechos humanos, ya que "continúan siendo detenidos, vigilados y amenazados".
En un comunicado, la organización pide al Comité organizador chino y al Comité Olímpico Internacional que "intervengan en favor de los ciudadanos chinos que están en peligro, a causa de su posicionamiento durante los Juegos Olímpicos".
Con respecto a la persecución a la que está sometida la prensa extranjera en Pekín, RSF recordó la detención del reportero John Ray, del canal británico ITN, mientras cubría un acto de varios activistas tibetanos que habían desplegado una bandera cerca de las instalaciones olímpicas.
RSF advierte de que el caso del reportero británico no es el único acontecido durante las Olimpiadas. Según el Club de Corresponsales en China (FCCC), desde el 7 de agosto se han producido cinco incidentes. Uno de ellos, fue el caso de dos reporteros de Associated Press que fueron detenidos en la provincia de Xinjiang por unos policías que borraron las imágenes de sus cámaras fotográficas.
Para la organización los numerosos incidentes demuestran que los Servicios de Seguridad dificultan el trabajo de la prensa extranjera. Como ejemplo de ello, publican el testimonio anónimo de una corresponsal sobre las condiciones de trabajo en Pekín y los riesgos que corren los chinos que se atrevan a hablar con la prensa extranjera. "No dejan de seguirme, de grabarme, de fotografiarme y dudo antes de entrevistar a chinos sobre problemas sensibles, por temor a que les detengan", asegura la reportera. "Los periodistas desplazados aquí nos encontramos en una situación de intimidaciones repetidas que hace muy difícil nuestro trabajo en China", concluyó.
Asimismo, RSF añade que los ciudadanos chinos en favor de los derecho humanos son también víctimas de la represión del Gobierno chino. Como ejemplo, relata el caso de Zhang Wei, una antigua residente del barrio de Quianmen, en Pekín, que fue detenida el 9 agosto por la policía después de que presentara una solicitud de autorización para una protesta por la expulsión de su familia, hace dos años, con motivo de las obras de los Juegos Olímpicos. A este caso, se une, según la ONG, otros ciudadanos en condiciones similares.
